¿Hasta cuándo soportaremos que se aprovechen del dinero que es de todos?

Las formaciones políticas disponen cada año de más de 200 millones de euros para sus gastos, en un 70% procedentes de subvenciones públicas que han sobrepasado los 1.000 millones desde 2006 y sobre las que sigue sin existir un control absoluto. El problema está en que el progresivo aumento de los recursos públicos que reciben los partidos cada año no se acompaña de un mayor cumplimiento de las recomendaciones y peticiones que hace el Tribunal de Cuentas. La consecuencia es que hay una gran parte de sus ingresos que en la práctica no se contabilizan ni, por tanto, se someten a control.

Otra de las cuestiones aún por resolver es la relativa a las sanciones que se aplican al partido que incumpla sus obligaciones. Según la ley, si se salta las limitaciones y requisitos en sus fondos será multado con una cantidad del doble de la infracción, que se restará de sus subvenciones del año siguiente y no se le concederán en caso de que no presente sus cuentas o que éstas sean muy deficientes. Lo que pasa es que aquí los contables se topan con sus señorías, que de momento no han actuado acerca de las indicaciones del Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, en 2006 se registraron actuaciones en un par de partidos políticos que podrían haber cometido una irregularidad, sin que nadie haya hecho nada.

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