Mujer y muerte en México

“¡Ya es mucho el sufrimiento, no podemos con él!”, se lamentó al borde del llanto Martha Rincón, madre de una adolescente mexicana que en 2009 engrosó la lista de mujeres muertas o desaparecidas en Ciudad Juárez.

Rincón y su esposo, José Castillo, buscan sin descanso a su hija, Esmeralda Castillo, desde que desapareció con 14 años, cuando iba a la escuela donde cursaba secundaria. ”No hay nada de investigación. Las autoridades no están haciendo nada. Cuando han entregado a alguien, son sus restos, en Juárez solo buscan muertas”, denunció Rincón.

La familia vive de la venta de hamburguesas en un puesto callejero en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, a 1.840 kilómetros al norte de Ciudad de México. Como las otras muchas familias con hijas desaparecidas, estos padres cargan con una inocultable pena y se mueven detrás de cualquier indicio sobre su paradero.

Rincón y Castillo, miembros del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas, se encuentran en Ciudad de México, siguiendo una pista sobre su hija, después de que en octubre hubo una llamada anónima a un canal de televisión que alertaba de que ella y otras jóvenes iban a ser trasladadas a esta metrópoli para su explotación sexual.

El Comité reúne a familiares de al menos 32 niñas y jóvenes que literalmente se evaporaron en las calles de Ciudad Juárez, una de las urbes más violentas del mundo, con 1,3 millones de habitantes, en un país con una población de 112 millones.

Esos casos integran la memoria de las llamadas “muertas de Juárez”, las asesinadas en esa ciudad desde comienzos de los años 90 y por las cuales el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en 2009. Más de 300 mujeres fueron ultimadas allí entre 1993 y 2003 y la mayoría de los casos permanecen impunes, según la organización humanitaria Amnistía Internacional.

En 2003, la estatal y autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos difundió un informe especial sobre esos asesinatos y expuso los casos de 263 asesinadas y 4.587 desaparecidas desde 1993. Acusó a autoridades del estado de Chihuahua, donde se ubica Ciudad Juárez, y municipales de graves omisiones en la investigación de esos crímenes.

Otro estudio, titulado “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009″ y elaborado por ONU Mujeres, el gobierno y el parlamento, aseguró que en el país se cometieron en ese periodo 34.176 homicidios de mujeres. Ese informe da cuenta de que a partir de 2005, los feminicidios, como se denominan los asesinatos de mujeres por razón de su género, se han agudizado. Organismos oficiales cifran en 400 este tipo de muertes en 2010 y en 342 en 2011.
En Juárez, las organizaciones humanitarias coinciden en que los asesinatos de mujeres subieron en más de 500 por ciento el último trienio. Pero carecen de cifras exactas de cuántas de esas muertes son feminicidios o parte del desbordamiento de la violencia por la acción de las mafias del narcotráfico y la militarizada lucha contra ellas.

La Corte CIDH, el más alto tribunal continental, condenó en noviembre de 2009 al Estado mexicano por el asesinato de las jóvenes Claudia González, Esmeralda Herrera y Laura Ramos, en lo que se conoce como el caso del Campo Algodonero, por el sitio cercano a Ciudad Juárez donde el 6 de noviembre de 2001 fueron encontrados los cadáveres. La sentencia, de carácter inapelable, estipuló 16 disposiciones que el Estado debe acatar, de las cuales ha incumplido en investigar adecuadamente los asesinatos, crear un sitio electrónico con la información personal de las mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas desde 1993 en Juárez y aplicar un protocolo de búsqueda en casos de desaparición.

La muestra del incumplimiento “es que continúan desapareciendo mujeres y niñas y no hay mecanismos para su búsqueda. Desde 1993 hay un patrón sistemático de desaparición e incidencia de redes de trata, pero las autoridades siguen sin investigar”, señaló Karla Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. ”Cuando un Estado no cumple, condena a las mujeres a seguir siendo víctimas”, resaltó a IPS la abogada, que junto a otras organizaciones no gubernamentales, representó legamente a las víctimas del Campo Algodonero.

A pesar de estos sucesos, la legislación del estado de Chihuahua no tipifica el feminicidio. La ciudad, tomada por cientos de soldados y policías, es escenario de cruentos enfrentamientos entre bandas del crimen organizado que se disputan el paso de drogas ilegales hacia el mercado de Estados Unidos.

El asesinato, la desaparición y la agresión sexual son las formas más graves de violencia contra las mujeres mexicanas. ”Ha habido un incremento y no tenemos respuesta de las autoridades. Vamos a tratar que se abra una investigación para buscarlas en todo el país”, planteó Teresa Ulloa, coordinadora regional de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas inglesas).

“Lo que se propicia con la negligencia e indiferencia es el aumento del delito, pues siguen desapareciendo niñas y jóvenes”, añadió. Esa organización incluye en su lista roja a 29 niñas, jóvenes y mujeres desaparecidas en este país latinoamericano en años recientes.

Las activistas y familiares de víctimas dijeron que la mezcla de negligencia e impunidad convierte en México el Día Internacional de la Mujer, ese jueves 8, en una jornada empañada de tristeza. ”No es una fecha de celebración, sino de tragedia. Los asesinatos siguen y las autoridades no investigan”, recalcó la fundadora de la no gubernamental Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade. Desde enero, ella ha sufrido dos atentados contra su vida, después de que en 2011 su hija Lilia García fue asesinada en Juárez. ”Tenemos que seguir en nuestra lucha, escarbando con las uñas. Tenemos fe que vamos a tener noticias de ella”, dijo, esperanzado, el padre de la desaparecida Castillo.


Organizaciones pro derechos de la mujer han tratado en vano de que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, adscrito a la Secretaría de Gobernación (ministerio del interior) declare alertas de violencia de género, a lo cual este se ha negado.

La alerta de género está prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007.

Empero, el Observatorio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ganaron el 27 de febrero un amparo de un juez federal, con lo cual se abre la posibilidad de investigar penalmente los casos de feminicidio en el estado de México, vecino a la capital. Entre enero de 2005 y agosto de 2010 la fiscalía general de ese estado registró 922 mujeres asesinadas, mientras que desde enero de 2011 se han reportado 60 desaparecidas.

El gobierno mexicano pretende que la Corte IDH declare cumplida la sentencia del Campo Algodonero, a lo cual las organizaciones de derechos humanos se oponen. A finales de año, el tribunal deberá emitir un informe sobre el estado de apego al fallo. Mientras, en la morgue de Juárez permanecen partes de 50 cadáveres de mujeres no identificadas halladas entre 1993 y 2009.

El involucramiento de grupos narcotraficantes en los asesinatos de mujeres “no es un fenómeno nuevo, pues están relacionados con los feminicidios, con la trata para explotación sexual, para pornografía y para la mendicidad forzada”, según Ulloa.

CONDENA HISTORICA POR CRIMENES DE GUERRA CONTRA LA INFANCIA

Aplauden la condena de la Corte Penal Internacional contra Thomas Lubanga por los crímenes de guerra en los que se reclutaba a niños para su movimiento armado en la República Democrática del Congo (RDC).

Thomas Lubanga

Thomas Lubanga

Como resultado de la decisión histórica de hoy, Lubanga es el primer jefe militar que se enfrenta a la justicia internacional por la utilización de niños como armas de guerra. ”Esta es una victoria fundamental para la protección de los niños en los conflictos”, dijo AnthonyLake, Director Ejecutivo de UNICEF. ”La condena de Thomas Lubanga por parte de la Corte Penal Internacional envía un mensaje claro a todos los grupos armados que esclavizan y maltratan a los niños: la impunidad no será tolerada.”

Thomas Lubanga Dyilo, ex presidente de las Unión de Patriotas Congoleños, fue declarado culpable de reclutar y alistar a niños menores de 15 años y utilizarlos como participantes activos en el conflicto de la República Democrática del Congo en 2002 y 2003. Miles de niños, algunos de tan solo siete años, fueron reclutados y utilizados como combatientes, así como porteadores, cocineros y esclavos sexuales, por parte de todos los bandos en conflicto.

UNICEF incide en que el reclutamiento y la utilización de niños en conflictos es un crimen de guerra. A menudo son los niños más vulnerables los que sufren explotación -los huérfanos, y niños que han sido separados de sus familias y comunidades a causa de la violencia-. UNICEF ha pedido en repetidas ocasiones el enjuiciamiento de quienes cometeneste delito.

“La explotación de niños por parte de grupos armados va más allá de violar sus derechos,les roba su infancia”, dijo Lake. ”A UNICEF le alienta que el Fiscal de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, haya hecho hincapié en la situación de los niños reclutados y utilizados por fuerzas o grupos armados en su enjuiciamiento exitoso”.

Decenas de miles de niños siguen siendo víctimas de estas graves violaciones en al menos 15 conflictos armados en todo el mundo. UNICEF mantendrá sus esfuerzos en el trabajo para rescatar a estos niños y rehabilitarlos.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia viene trabajando intensamente en varios países, entre ellos la República Democrática del Congo, para ayudar a los niños atrapados en conflictos a través de programas de educación y capacitación técnica en las comunidades, y especialmente apoyando a mujeres y niñas. Desde 2005, al menos 35.000 niños han sido liberados o escaparon de las fuerzas armadas o grupos armados en la RDC y han recibido el apoyo de UNICEF y sus aliados para lograr reintegrarse en sus comunidades y familias.
Fuente: Periodismo humano.

Corresponde a nuestra generación cambiar las cosas

Conversamos con estudiantes del Instituto que puso nombre al despertar de la sociedad civil valenciana contra los recortes, el Lluís Vives.

Nos explican cómo vivieron las manifestaciones, la represión policial, el tratamiento de determinados medios, o estar detenidos.

Y piden que se retiren los cargos porque tener antecedentes es incompatible con viajar a ciertos países, opositar para juez o realizar una beca Erasmus. “Aún tenemos sueños que cumplir”.

Han pasado varios días desde el día que quedamos para hablar con calma sobre todo lo ocurrido y ahora les espero en la puerta del Lluís Vives a que salgan de clase. Hemos quedado a las cinco pero no veo señales de ninguno de ellos. Una chica que no conozco se me acerca, me pregunta si soy el periodista. Almudena Soullard, 17 años, estudiante de 2º Bachillerato artístico. Fue una de las detenidas el día de las duras cargas policiales cuando paseaba con su madre y sus dos abuelas por el centro mientras observaba atónita lo que ocurría en Plaza España.

Mariola Morera, estudiante de 2º de Bachillerato científico, aún no ha llegado por lo que Almudena me presenta a Andreu Melchor, quien también va a participar en el reportaje. Andreu me saluda pero no me presta mucha atención. Está conversando con una mujer que se le ha presentado y se le ha puesto a hablar de sus libros de autoayuda. Él, con buena educación, la atiende con paciencia y escucha lo que la mujer le quiere contar hasta que se da por satisfecha. Almudena me mira con cara circunstancia por lo extraño de la situación y en ese mismo instante llega Mariola. Tras varios minutos de cortesía, la escritora se da cuenta de la escena y libera a Andreu, no sin un poco de tristeza al haberse quedado sin compañero literario.

Nos dirigimos hacia una cafetería cercana que tiene una especie de reservado, decorado con fotografías de los actores más famosos del siglo XX. Por el camino nos encontramos con Alberto Rodríguez, estudiante de 2º de Bachillerato de Humanidades. Mariola le cuenta nuestra hoja de ruta para esa tarde y decide incorporarse.

Una vez dentro del local, subimos al reservado. No piden nada para tomar, quieren ir directamente al grano y Mariola lo dice claro en la primera frase: “Hemos salido a la calle porque no tenemos futuro con la política actual. Estamos viendo que solo hacen corrupción, solo hacen cosas para robar en lugar de gastarse el dinero en nosotros, dinero que encima es nuestro. Nosotros pagamos nuestros impuestos y ellos en vez de hacer una política de bienestar social se lo gastan en juergas. ¡Es un cachondeo!”. Almudena le interrumpe para explicar que la situación en las clases es insostenible: “Somos 38 en el aula y así no podemos seguir”.

Mariola vuelve a tomar la palabra y aprovecha para defenderse de las numerosas críticas que recibieron durante la semana de movilizaciones en las que se afirmaba que no habían recortes en educación y que sus protestas estaban manipuladas. “Dicen que no tenemos razón al manifestarnos porque los recortes solo han sido de sueldos de profesores por lo que no nos afecta. ¡Mentira! Las aulas de refuerzo han desaparecido así como las de ayuda a estudiantes extranjeros. Llevamos tres meses sin dos profesores y estamos en 2º de Bachillerato. Es inadmisible”. Alberto se suma a la crítica señalando que tienen el selectivo a la vuelta de la esquina por lo que la situación es inaceptable.

Las movilizaciones de la “#primaveravalenciana”, como se ha llamado a la semana de protestas, no han sido su primer contacto con la vida pública. Todos ellos ya habían participado en otras manifestaciones, protestas o incluso en asociaciones de carácter cultural o social, en los casos de Mariola y Almudena. Los chicos dicen optar por un activismo más a nivel individual y en el caso de Andreu: “autodidacta”. Andreu fue el primer estudiante detenido en las protestas, según el informe policial, por pegar y morder a un policía. Aunque cuesta imaginarse a este chico de 17 años, estudiante de 2º de Bachillerato de Humanidades, tímido y bastante reservado en una actitud tan violenta. Alberto, por su parte, aprovecha su turno de palabra para adentrarse en materia: “El día que salimos a cortar el tráfico, más que como una organización, salimos a título individual y además, éramos todos menores. Nosotros, los de 2º de bachiller, éramos los más mayores”, exclama. Almudena añade: “Los dos primeros días antes del miércoles que es cuando pasó todo, cortamos el tráfico durante 10 minutos de manera pacífica. Los policías lo sabían, sabían que no íbamos a provocar altercados ni agredir a los conductores. Sin embargo, cuando salimos el tercer día, miércoles, ellos ya iban dispuestos a cargar”.

Durante casi una hora los cuatro estudiantes intercambian impresiones de lo ocurrido, expresan su tristeza por algunas actitudes o episodios y sueñan con un futuro mejor para toda la sociedad. No obstante, hay tres temas que no les dejan indiferentes: el papel de la policía y de la Justicia, la cobertura mediática y la respuesta de la sociedad valenciana. Para todos ellos, la visión de las fuerzas de seguridad se ha transformado a una imagen de cuerpo represor en el que no se puede confiar tras ver como “la policía corría detrás de la gente por toda Valencia en medio de batallas campales, qué batallas, masacres! Para dar porrazos a todo aquel que se le ponía delante”, describe Alberto. “Nosotros hemos estado desde el primer día y hemos vivido y visto la brutalidad policial ejercida y no era normal. No eran personas, tenían una rabia interna comprimida y la descargaban contra ti. Hasta que no lo ves no lo puedes llegar a entender. Era una crueldad infinita”, denuncia Mariola.

A su vez, Almudena hace un pequeño paréntesis en el debate para contar su propia historia. “A mí me detuvieron el lunes sobre las tres cuando estaba con mi madre y mis dos abuelas. Yo estaba con un grupo de personas en la calle de San Vicente viendo lo que estaba ocurriendo en Plaza España, a cierta distancia porque iba con mi familia. De repente, vino un policía hacia nosotros y dijo ‘tú, detenida’ y se me llevaron sin ninguna razón, no me dio tiempo ni a reaccionar. Golpearon a mi madre causándole varias contusiones y a mi abuela la empujaron con el escudo con lo que casi se cae, y si se hubiera llegado a caer ya no se hubiera levantado porque no puede casi andar. Después me acusaron de ‘desobediencia grave’, pero qué desobediencia ni ostias si no me dio ni tiempo a decir nada”. Y continúa, “no tenían miramiento por nada ni por nadie ya fueran niños, adultos, mayores o embarazadas. Solo se preocupan de cumplir las órdenes”.

Pero los malos recuerdos no terminan en el momento de la detención para esta estudiante de 17 años, lo peor vino después: “El tiempo que estuve detenida fue horrible. Las vejaciones y burlas de los policías fueron continuas. El estado psicológico al que te someten no mostrándote ni una pizca de respeto, ni como persona, junto con las agresiones psicológicas del estilo ‘te voy a matar’, ’si te tiro del pelo es culpa tuya por tenerlo largo’ o ‘no tienes cuerpo ni de puta’ son una destrucción total. Además, cometieron ilegalidades porque yo era menor y hubiera tenido que avisar a mis padres en el mismo instante de detenerme. Sin embargo, no les llamaron hasta varias horas después y ya no hablamos de cuando me soltaron…”

La justicia es otra de las víctima de la #primaveravalenciana. Los cuatro estudiantes afirman sin pestañear que no confían en ella mostrando como ejemplos de impunidad e ineficacia el juicio de Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, el hecho de que los policías no llevaran el número de placa visible cuando es obligatorio o las denuncias que han recibido en sus casas. Almudena sentencia en tono irónico: “Esta justicia nos da mucha esperanza” y Alberto aventura: “Si acabo denunciado por las ostias que me han dado me parecería, vamos, estupendo. Un policía me pega con un porrazo impresionante y aún soy yo el delincuente, ¡increíble!”. Mariola, a su vez, pide que al menos se retiren los cargos porque tener antecedentes es incompatible con viajar a ciertos países, opositar para juez o realizar una beca Erasmus y añade: “Aún tenemos sueños por cumplir”.

Respecto a la cobertura mediática, Almudena y Alberto coinciden en señalar que ambos sabían de la manipulación que realizaban los medios de comunicación pero que no ha sido hasta vivirlo en primera persona cuando se han dado cuenta de la envergadura del problema. “Ya sabíamos lo que había pero es que haber sido testigo en primera persona y después ver cómo se han contado los hechos te obliga prácticamente a no creer en nada”. Sin embargo, al igual que los jóvenes de las primaveras árabes, los estudiantes del Lluís Vives sabían de antemano que su lucha estaba en otra dimensión: “Si esto llega a pasar en 2007, cuando las redes sociales no estaban tan desarrolladas, la carga del miércoles hubiera acabado en ‘cuatro estudiantes violentos cortan la calles Xàtiva’ pero como lo grabamos, conseguimos que la sociedad se enterara de lo que realmente había ocurrido. Sin tener que depender de los medios de comunicación”, explica Mariola.

Pero no todo ha sido negativo para Mariola, Alberto, Almudena y Andreu. Más bien todo lo contrario. “Todo esto ha servido para que mucha gente abra los ojos y eso nos da esperanza”, admite Mariola quien se queda como mejor recuerdo la increíble respuesta social que generaron las cargas policiales. Para Alberto lo realmente impactante ha sido que después del miércoles, cuando tuvieron lugar las primeras cargas, la gente acudiera por iniciativa propia a las concentraciones para dar su apoyo a sabiendas de que podían recibir porrazos también.

Y esto es lo que le empuja a “luchar por abrir los ojos a la gente, porque la gente no es tonta. Si se le muestra que hay otra manera de hacer las cosas que no sea mediante malas políticas, la gente no es tonta y no va a escoger pasarlo mal”. No obstante, es Mariola quien se atreve a ir un paso más allá y afirma que “la gente mayor está perdida, tienen su mentalidad y no la podemos cambiar. Es la gente menor 20 años quienes de verdad pueden hacer algo y luchar por cambiar su futuro, su vida. Por ellos mismos”. Almudena la apoya: “Corresponde a nuestra generación cambiar las cosas porque nuestros mayores ya lucharon en su momento”. A lo que Mariola añade: “No somos ni de derechas ni de izquierdas, solo queremos valores humanos. Si todo el mundo hace el bien y simplemente se comporta normal, todos viviríamos bien. Se trata de justicia y de humanidad”.

Andreu, quien no había apenas intervenido en toda la conversación se incorpora para porque para él el sentido de todo esto ya no está en un cambio de mentalidad de la sociedad valenciana, que también, sino en un cambio de mentalidad del mundo porque “el sistema en el que vivimos no es viable. Hasta que no estemos en una situación mucho más grave no habrá un cambio real. La democracia no es compatible con el capitalismo, prueba de ello es que los políticos honrados nunca llegan al poder. Así que mientras que exista este sistema no podremos tener una democracia real”. Aunque sus compañeros discrepan la conversación termina como ha empezado, con buen pie. Todos se marchan a estudiar para sus exámenes pero no sin antes confirmarme que cuatro estudiantes más quieren también dar su testimonio. Así que quedo con Mariola para que nos citemos en la misma cafetería a la misma hora.
Penélope Franco, estudiante de 1º de Bachillerato Artístico, es la primera que llega. Kerri Ann y Anaïs Masmacià, acuden unos minutos más tarde tras realizar unos exámenes. Javier Soriano, el único chico, es el que llega más tarde para comenzar rompiendo tópicos.

Al igual que sus compañeros, deciden entrar en materia lo antes posible aunque esta vez varios cafés nos acompañan. “Desde pequeños casi todos hemos ido a manifestaciones y estamos hartos porque nunca se consigue nada. Y es por eso que decidimos cortar el tráfico aunque no fuera legal”, explica Anaïs, estudiante de 2º de Bachillerato de Sociales. Penélope se suma a la explicación puntualizando que los estudiantes del Lluís Vives no fueron los únicos que salieron ese día a la calle, fueron muchos más, lo que pasa es que “como nosotros estamos entre el ayuntamiento y una calle tan importante hemos tenido más repercusión. Pero en realidad fue una decisión tomada en asamblea”. Kerri, la más joven con 15 años, ve todo lo ocurrido como una auténtica “locura” y Anaïs lo tilda de surrealista. “Es un poco extraño, como mínimo, que nosotros cortemos la calle y nos peguen por ello mientras que haya gente que robe millones de euros y esté libre”, sintetiza Penélope.

Posiblemente las retenciones y las cargas contra los estudiantes que tuvieron lugar el pasado 17 de febrero ante la comisaria de Zapadores de València haya sido uno de los episodios más traumáticos que nunca hayan vivido. Tras cortar el tráfico en el centro de valencia aquel viernes, varios cientos de manifestantes se dirigieron a la comisaría para pedir la liberación de los jóvenes detenidos en las jornadas anteriores. “Entre ellos había un amigo mío que lo habían detenido cuando se marchaba a casa tras la manifestaciones mientras hablaba por el móvil. No había hecho nada, simplemente pasó por el lado de unos antidisturbios y se lo llevaron sin más”, relata Javier, amante del cine y estudiante de 2º de Bachillerato de Humanidades.

A la comisaría llegaron a penas unos cientos así que la policía optó por cerrarles el paso en ambas direcciones y acorralarles. “Mientras nos dirigíamos hacia la comisaria un grupo de antidisturbios nos escoltaba y nos decía que no nos iban a pegar que solo nos iban acompañar. Pero después ya sabemos que ocurrió. Acorralaron a 80 personas y en grupos de diez policías venían, entraban en el cerco y cargaban para sacarnos uno a uno, incluso le rompieron la cabeza a una niña a un metro mío”, recuerda Javier. Penélope se suma al relato describiendo el miedo atroz que sufrieron aquel día: “Llame a mi madre para decirle que no podía ir a comer porque me tenían retenida y no me daban ninguna explicación, no sabía que ocurría y dónde podía acabar todo aquello”.

Kerri también quiere participar y pregunta: “Cuando estás en una situación de terror e indefensión como aquella ¿a quién llamas?, ¿a la policía? ¡Ah no! ¡Que son ellos!”, a lo que añade: “Me sentí como una terrorista de verdad y no soy un peligro público ¡que tengo 15 años!”. Todo ello lo cuenta con una voz frágil y delicada y para quien estuvo presente en los incidentes de aquel viernes resulta chocante. Kerri, con una figura delgada y un rostro aún de niña, le plantó cara a toda una unidad de antidisturbios exigiéndoles que le enseñaran sus números de placa si querían que ella les mostrara su DNI. Los policías la amenazaron con detenerla pero ella no se achantó, más bien todo lo contrario, se reafirmó y no cedió ni un milímetro. Tal fue la tensión del momento que acabó por sufrir un ataque de ansiedad del que se pudo recuperar gracias a su hermana allí presente.

Una cosa semejante ocurre con Anaïs. Siempre que ha salido a la calle durante la llamada Primavera Valenciana ha estado en primera fila con una actitud valiente y desafiante. Por el contrario, durante la entrevista se muestra precavida y un poco tímida con los de su alrededor. A su vez, Penélope podría representar la otra cara de la moneda. A primera vista parece una chica reservada y poco dada a los protagonismos pero en las distancias cortas desvela una actitud fuerte y segura de sí misma. Javier, por su parte, encajaría más en el esquema de Penélope que en el de las dos otras compañeras. Y es que, como ellos mismos explican, todo lo que ha ocurrido les ha cambiado por completo: “Estamos en esta etapa donde somos niños y adultos a la vez, aunque es verdad que es posible que esa pequeña parte de infancia haya desaparecido a golpes”, admite Penélope. “Un día estabas pensando con quién quedabas mañana y al día siguiente estabas pensando ‘y si voy por la calle y me pegan’. Tanta violencia siendo tan pequeño te cambia aunque lo peor es ver como pegan a tu hermana, tus amigos o a tu madre”, susurra Kerri.
La violencia policial es lo que más les ha afectado. “Les gusta la violencia y tiene ganas de usarla. En cualquier momento, pueden venir y te pueden pegar y tú no puedes hacer nada, tienen total impunidad. Por lo que me pregunto por qué nos llaman a nosotros enemigos cuando realmente no nos podemos defender”, dice resignado Javier a lo que suma: “Ahora solo siento desprecio por ellos”. Kerri también está en la misma línea: “Ya no te los tomas como la autoridad sino como los contrarios, los que van armados contra ti. Antes temías a las malas personas, ahora también les temes a ellos”. Y Anaïs añade: “A mí siempre me han dado mal rollo pero ahora les veo como asesinos. Por ejemplo, el lunes cuando pegaron a todo el mundo fueron a buscar a los que ya conocían de otros días. Vi como la gente iba andando y los policías detrás dándoles con la porra hasta tirarles al suelo”.

Penélope admite que “en relación a otros países como Túnez, Egipto, Libia, Siria” no tienen nada que decir pero que realmente “han pasado miedo”. Y no porque les peguen ya que al fin y al cabo “nos vamos a recuperar”, si no por “no saber donde están tus amigos o si les ha pasado algo porque la violencia policial fue tal que realmente no sabía hasta dónde podían llegar. Además de la sensación de terror atroz que teníamos al cruzar la calle por si nos decían ‘Tú te vienes con nosotros’. Aquellos días fueron tan duros que pensabas en lo peor, incluso en posible toque de queda”. No obstante, para Penélope así como para sus compañeros lo peor de todo lo que ha pasado es que les hayan tratado como delincuentes, que les hayan denunciado por defender sus derechos y que les hayan marcado de por vida.
Sin embargo, al igual que Mariola, Alberto, Andreu y Almudena. Kerri, Javier, Penélope y Anaïs prefieren quedarse con lo bueno. “Si podemos sacar algo positivo de todo esto es el compañerismo que ha surgido entre todos los estudiantes. Todos somos compañeros y saldremos a defendernos unos a otros, nos conozcamos o no, porque sabes que si fuera al revés ellos también lo harían”, anuncia Penélope. Javier la apoya y cuenta que ha habido un cambio entre antes y ahora: “A la mínima que hagan algo tendrán a miles de personas en la calle porque nos han empujado, queramos o no, a comprometernos con la causa”.

En esa “causa” entra la lucha contra la corrupción, el despilfarro y la mala gestión y la defensa de los servicios públicos. En definitiva, una defensa del Estado de Bienestar que ellos mismos, a pesar de su corta edad, consideran suyo como el que más. “Recortar en educación y sanidad es como matar nuestro futuro, son básicos, es que no deberían ni tocarlos. Que recorten en otras cosas como la Fórmula 1 o las construcciones faraónicas porque al final llegas a creer que es o Calatrava o nosotros”, concluye Penélope. Kerri, por su parte, prefiere quedarse con que “lo que ha ocurrido es el principio de algo que solo acaba de empezar. Por el momento, ya hemos conseguido que el despertar de Valencia lleve el nombre del Lluís Vives”.

Antes de despedirme de los ocho estudiantes, les pregunto si se ven en futuro en Valencia y la gran mayoría me dicen que no. Describen a la ciudad que les ha visto nacer como un lugar sin oportunidades, víctima de la mala gestión y de la corrupción extrema. Una ciudad con una sociedad que prefiere no abrir los ojos por miedo al despertar. Admiten, no sin pesar, que tendrán que dejar su tierra en busca de un lugar que les dé oportunidades aunque confiesan que si surge un movimiento que quiera cambiar la sociedad volverán sin pensárselo.
Fuente: Un reortaje de Pabo Garrigós periodismo humano.

“Nadie esperaba que fueran deportados a Congo, donde sus vidas están en peligro”

Cincuenta y cuatro hombres y mujeres han sido deportados a República Democrática del Congo después de su traslado desde Melilla a dos CIE de la Península

Se esperaba que pudieran salir en libertad al no poder ser deportados por falta de convenio migratorio con su país

Según cuentan quienes han podido hablar con ellos, cinco fueron golpeados fuertemente cuando se resistieron a subirse al avión y todos han sido trasladados a la prisión de Kinshasa, una de las más violentas de África

Mustapha, uno de los deportados, durante la concentración ante la delegación del Gobierno en Melilla (José Palazón)

Mustapha, uno de los deportados, durante la concentración ante la delegación del Gobierno en Melilla (José Palazón)

“Es la violación de derechos humanos más grave que ha pasado desde lo que siguió a los saltos de la valla en 2005. Las expulsiones de inmigrantes son habituales, aunque no tanto como dicen las cifras porque la mayoría de las personas salen de los CIE con una orden de expulsión para que ellos la ejecuten voluntariamente y la mayoría se quedan. Pero lo que no esperaba nadie es que estos hombres y mujeres fueran deportados a la República Democrática del Congo (RDC), donde sus vidas están en peligro”.

José Palazón, fundador de la ONG Proderechos de la Infancia (PRODEIN) es la fuente más informada de los temas de inmigración en Melilla. Estudió empresariales, hubo un tiempo en que era profesor y ahora tiene una academia, pero en realidad su vida, esfuerzos y desvelos están destinados a ayudar a las víctimas de las fronteras, los inmigrantes. Sabe sus nombres, dónde vive cada uno y utiliza todos los medios a su alcance para denunciar las ilegalidades y los abusos cometidos contra estas personas: vídeo, redes sociales, blog y una red de contacto que puentea esta ciudad fronteriza amurallada y vallada con la Península Ibérica.

Por eso, que la voz ronca y hoy cansada de Palazón rememoré cuando varios inmigrantes fueron asesinados cuando intentaban cruzar la valla de Melilla para entrar en España y muchos otros entregados por la Guardia Civil a la Policía de Marruecos, gobierno que deportó a miles de seres humanos al desierto para que murieran de hambre y sed… Que compare una de las materializaciones más graves de lo que llamamos ‘externalización de las fronteras‘, es decir, pagar a países colindantes por sellar las fronteras a las personas procedentes de países pobres, alerta sobre la gravedad de la decisión que la madrugada del viernes tomó el gobierno español.

El 23 de febrero entre 54 hombres y mujeres procedentes de la República Democrática del Congo eran trasladados por fin a España desde Melilla, una prisión en sí misma para las personas que han hipotecado toda su vida para llegar a Europa. Muchos de ellos llevaban hasta tres años esperándolo y tras manifestaciones, huelgas de hambre y una concentración ante la Delegación del gobierno que duró un mes y medio y en la que aguantaron el frío, la lluvia y la soledad, eran trasladados a Centros de Internamiento de Extranjero (CIE) en la Península para, según los organismos oficiales, pasar allí un tiempo reglamentario hasta ser puestos en libertad en España y, en ningún caso deportados a RDC puesto que no hay acuerdos de repatriación con este país.

Sin embargo, la noche del viernes los congoleños recluidos en los CIE de Algeciras y de Aluche, en Madrid, fueron trasladados por sorpresa al aeropuerto de Barajas para ser deportados a un país donde los ciudadanos se enfrentan a una cruenta represión en cuanto son sospechosos de ser críticos con el presidente Joseph Kabila. Según cuentan la mayoría de los 32 de compatriotas que se quedaron en Melilla a la espera de ser trasladados en breve a España, los deportados les llamaron y les contaron que algunos de ellos fueron golpeados hasta terminar ensangrentados cuando se resistieron a montarse en el avión al darse cuenta de que iban a ser enviados a su país. También les contaron que viajaron esposados y que así siguieron una vez llegados a Kinshasa.
El periodista del diario melillense El Telegrama, Blasco de Avellaneda, que había seguido de cerca la situación de esta comunidad cuenta cómo se enteró de la noticia en su crónica, que recomendamos leer:

“A las ocho de la mañana de ayer sábado sonaba el teléfono, era Giseliz Sukami, una de las congoleñas que el pasado 23 de febrero partía junto con 43 compañeros hacia la Península. Jamás había escuchado un llanto tan desesperado como el suyo, ¿qué pasa? le pregunté. Apenas podía entender nada entre tanto bramido y sollozo, sólo logré escuchar un grito claro que exclamó: “Congo, nos han traído para morir en el Congo”.

Según cuentan los congoleños que esperan en Melilla, aterrados convencidos de que les espera el mismo destino, sus compatriotas fueron trasladados a una de las prisiones más aterradoras del continente africano, el Centro Penitenciario y de Reeducación de Kinshasa (CPRK), conocido como cárcel “Kin Mazière” de Gombe y donde según han denunciado numerosos organismos internacionales malviven hacinados y torturados los considerados opositores del régimen.

La decisión ha pillado por sorpresa incluso a los más duchos en las violaciones cometidas contra los derechos más básicos como Palazón. “Hasta el año pasado ningún país europeo había deportado inmigrantes a RDC, cuando lo hizo Chipre. Y hace unas semanas, por primera vez un país centroeuropeo, Bélgica, tras un intento cancelado por la fuerte oposición mostrada por parte de la sociedad civil. Parece que hay una especie de reconocimiento de la Unión Europea al gobierno de Kabila después de los polémicos resultados elecciones presidenciales. No pensábamos que fuera posible que les deportarán a un lugar donde saben que van a ser trasladados a una cárcel. Los congoleños dicen que de ahí no se sale vivo y que si sale, mejor no haber sobrevivido por las torturas y demás. Esto es lo mismo que cuando se les daba a los marroquíes cinco euros por negro detenido con una tunda de palos. Sólo que ahora es a 5000 kilómetros de distancia”.

Entre los deportados había varios solicitantes de asilo por persecución política en su país a los que les fue denegado y varias personas con enfermedades graves. De todas las personas congoleñas trasladadas desde Melilla, sólo dos mujeres embarazadas permanecen en Madrid. Y todo ello, aprovechando que era fin de semana, sin que haya habido ninguna comunicación oficial por parte de la Delegación del Gobierno, la Dirección General de la Policía así como la Embajada de España en la R.D. Del Congo, las mismas instituciones que habían trasladado en varias ocasiones a las organizaciones que trabajan con el colectivo de inmigrantes que no existía un convenio de repatriación con la R.D.C. por lo que era imposible su expulsión.
Los 32 que quedan en Melilla según Palazón están en estado de shock. “Es la primera vez en mi vida que veo a personas tan perdidas, tan paralizadas”. Y añade en el comunicado de PRODEIN que “España vuelve a tener una responsabilidad directa en las muertes, torturas y malos tratos que se produzcan en este colectivo.España y la UE deben de tener una sola vara de medir a la hora de defender los Derechos Humanos y combatir a los dictadores de África. Kabila no es distinto a Gadafi por muchos intereses económicos que se compartan con el dictador Kabila”.

Fuente: Periodismo Humano.

Escuelas bajo el fuego en El Salvador

Wilber Geovany Hernández fue asesinado a tiros cuando salía de sus clases nocturnas en una escuela del norte de la capital de El Salvador, y se convirtió en la víctima mortal número 11 entre los estudiantes del país desde que comenzó el año escolar el 23 de Enero.

Tenía 18 años, estudiaba noveno grado de educación media en una escuela pública del distrito capitalino de Mejicanos, y murió al instante cuando fue baleado a las puertas del centro el 29 de febrero. La ola de violencia que abate a El Salvador ha alcanzando a las escuelas del país, cuyos estudiantes y maestros son víctimas de extorsiones, asaltos y asesinatos..

Esa violencia afecta el proceso de aprendizaje de los estudiantes, genera graves consecuencias en su vida personal y perturba al desarrollo social del país, cuya infancia y juventud ya es afectada por los altos niveles de deserción escolar en los niveles educativos básicos, indican los expertos salvadoreños en el tema.

La deserción alcanza a 20 por ciento en las escuelas más afectadas por la violencia, según cifras del Sindicato de Maestros de Educación con Participación de las Comunidades (Simeduco). En El Salvador hay 5.000 escuelas públicas, que atienden a unos dos millones de alumnos. De ellas, 340 son consideradas peligrosas, y de estas 161 de alto riesgo, por la violencia interna y de su entorno.

Este país de 6,1 millones de habitantes tiene una de las menores coberturas escolares de América Latina, según organismos multilaterales. Su sistema establece nueve grados de educación básica, obligatoria y gratuita, dividida en un ciclo primario de seis grados y otro medio de tres, que habitualmente se cursa de siete a 15 años.

“Los niños y jóvenes están tratando de aprender en un ambiente nada adecuado, un ambiente de miedo y de represión”, dijo a IPS el vicepresidente de la Fundación Innovaciones Educativas Centroamericanas (Fieca), Felipe Rivas. A la falta de recursos -propia de un país pobre- para mejorar la educación, se suman ahora los impactos del crimen y la delincuencia.

La tasa de analfabetismo en el país es de 10 por ciento, pero sube a 22 por ciento en las áreas rurales, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del 2010. El Ministerio de Educación se ha planteado la meta de bajar la tasa de analfabetismo nacional a cuatro por ciento en 2014, un objetivo que los expertos consideran difícilmente alcanzable, entre otros factores por el impacto que la violencia está creando en la comunidad estudiantil.

La tasa de asistencia escolar en niños de cuatro años, cuando comienza el ciclo preescolar, es de 32,7 por ciento, mientras que la escolaridad promedio es de solo sexto grado, según la misma encuesta. ”De fondo tenemos que el aprendizaje se ha fracturado por el tema de la violencia”, agregó Rivas.

El año pasado, 139 alumnos y seis maestros fueron asesinados, según reconocen las autoridades del Ministerio de Educación, la mayoría del sistema público y en las cercanías de las escuelas. El Salvador cerró 2011 con 4.374 homicidios.

Ello se traduce en una tasa de 70 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo según varios reportes internacionales, y muy por encima de la ya elevada tasa promedio de América Latina, que está en torno a 30 muertes por cada 100.000 habitantes. Parte de esa violencia es provocada por muchos de los 29.000 miembros de las dos principales pandillas criminales en el país, conocidas como “maras”. Se trata de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.

La prensa local ha reportado los esfuerzos de las pandillas por reclutar a niños y jóvenes de las escuelas de las zonas más violentas, como método para introducirlos en el tráfico de drogas ilegales y otros delitos. ”En las escuelas ya se trafica droga, ya se consume droga, incluso hemos visto que los padres utilizan a sus hijos para comerciarlas”, señaló a IPS Manuel Molina, secretario general del Simeduco.

Las autoridades reconocen que la violencia ha llegado a la comunidad educativa, como parte de la vorágine de violencia que se vive, pero descartan que haya una intención clara de pandilleros y criminales de atacar a estudiantes y a las escuelas.

En tanto, la Policía Nacional Civil (PNC) desplegó a unos 560 agentes en 161 centros educativos de alta peligrosidad, como parte de un plan gubernamental para atajar las muertes de estudiantes. En marzo de 2010, la PNC y el Ministerio de Educación firmaron el Convenio de Prevención y Protección Escolar, que pretende enfocar el fenómeno desde un ángulo integral e incluye actividades de prevención de la violencia, como deporte y arte, entre otras. ”Se han hecho algunos esfuerzos a nivel gubernamental, pero es un tema complejo y nos parece que los planes no han funcionado y la situación está peor”, dijo Molina.

Autoridades del Ministerio no atendieron el pedido de entrevista de IPS sobre el tema. Algunas de las medidas adoptadas por la policía, como el registro de de los estudiantes al entrar en los planteles, en busca de armas y drogas, han sido criticadas por el riesgo de que los agentes cometan abusos de poder y hasta violaciones a los derechos humanos.

Otra medida cuestionada es la de enviar a grupos de estudiantes de educación básica a las cárceles del país, para que vean directamente la vida de los reos y lo que puede sucederles si se adentran en los caminos delictivos. Pero el director de la policía, Francisco Salinas, reconoció el 29 de febrero ante la Comisión de Educación del unicameral Congreso legislativo que esas visitas fueron un error y no eran parte del convenio de protección. “Aceptamos la responsabilidad. Fue un error”, dijo a los diputados.
Los maestros también son víctimas de la violencia, porque son extorsionados por los pandilleros: o pagan cierta cantidad de dinero, o son asesinados. En varias escuelas se ha sabido de “tarifas” de 100 dólares mensuales para el director del centro y 50 para cada docente. Eso llevó a muchos maestros a dejar temporalmente su puesto y pedir el traslado a zonas más seguras. Pero el proceso burocrático impide que los cambios se den con la prontitud que necesitan los afectados.

En 2011, unos 362 maestros solicitaron traslados por motivos de inseguridad, según Simeduco, y 78 por ciento de ellos los obtuvieron. Pero el número de afectados podría ser sustancialmente superior porque hay quienes no denuncian y pagan la extorsión para evitar ser asesinados.

Gracias a la presión del gremio magisterial, el parlamento aprobó en 2011 el decreto transitorio 499, que agilizaba el rápido traslado de docentes extorsionados y que caducó en noviembre. Ahora, el gremio demanda que el parlamento renueve el decreto por tres años más. Sin embargo, el problema persistirá porque el sustituto también sería amenazado. “El problema no se resuelve con los traslados, porque al maestro que llegue igual lo van a extorsionar”, dijo Rivas.

El PP ha colocado a Valencia en el mapa, pero en el mapa de lo que no se debe hacer nunca en una sociedad realmente democrática

El reinado absoluto y absolutista de Rita Barberá agoniza, tal y como comprobamos al ver las airadas reacciones de ciertos personajes del PP, cuando una valiente diputada de Compromís, se atreve a decir en las Cortes Valencianas, lo que todos llevamos años pensando y padeciendo en silencio.

Tampoco es de recibo ni propio de una persona sensata y en sus cabales, la respuesta iracunda y disparatada efectuada por la alcaldesa de Valencia, cuando la joven diputada de Compromís, hace uso de su legítimo deber y obligación al exigir responsabilidades políticas, por el descarado y obsceno saqueo y expolio cometido con el dinero de todos por el Partido Popular… Con estos comportamientos y amenazas aberrantes, demuestra la alcaldesa de Valencia, que el PP quiere seguir negando lo que ya es una evidencia, que ha trascendido allende nuestras fronteras.

Debe saber la alcaldesa de Valencia, que cualquier ciudadano y/o representante, tiene el deber y la obligación de fiscalizar la acción política de sus gestores. Vivimos en el siglo XXI, no en la Edad Media.

La regla básica de todo sistema democrático occidental sano y limpio, es fomentar la transparencia a través de la participación en todos sus ámbitos, algo que lamentablemente falta en las instituciones valencianas y en el resto de las españolas.

Es incuestionable que El PP lleva años “saqueando”, por acción u omisión, las arcas públicas, para favorecer negocios y actividades al margen del interés general, atentando contra nuestra dignidad y el derecho a vivir. La falta de rentabilidad de los grandes eventos y las construcciones faraónicas, demuestra que se han cometido excesos, de manera reiterada y a sabiendas de su ineficacia e inutilidad.

También resulta indecente que la respuesta del PP, ante las protestas legítimas de la sociedad, ante tanto recorte, tanto abuso y tanta evidente corrupción, sea orquestar una campaña de detenciones ilegales contra menores de edad, por no hablar de otras actuaciones, propias de regímenes totalitarios y bananeros del Tercer Mundo.

Lo siento, queridos señores del PP, pero las arbitrarias e innecesarias inversiones y derroches realizados con nuestro dinero… merecen una investigación rigurosa, una auditoria independiente, así como una depuración de responsabilidades, tanto de carácter político como judicial. Debo hacer constar aquí que algunos somos muy escépticos y sabemos bien del servilismo e indolencia que existe en muchos de los organismos que conforman el Poder Judicial.

Nuestra vida, nuestra dignidad, nuestra libertad… corre serio peligro si permitimos que los mismos que han expoliado las arcas públicas, permanezcan ocupando puestos en las instituciones.

Tantos años en la poltrona, ha logrado que muchos de los actuales dirigentes del PP, se crean inmortales. Y nadie es eterno ni mejor que cualquier ser.

La alcaldesa de Valencia, si conoce y se cree las reglas que deben imperar en todo régimen democrático occidental, tiene el deber inexcusable y urgente de aceptar y permitir, que cualquier persona fiscalice y conozca qué se ha hecho con el dinero de todos. Gritar de manera iracunda y tergiversar las acertadas propuestas de Mónica Oltra, únicamente confirma que la Sra. Barberá ha perdido el Norte y otras cosas que me callo, por respeto.

Los ciudadanos valencianos queremos conocer qué ha pasado con nuestro dinero. Y exigimos sancionar penal y políticamente a todos los que han usado la política y la administración como un casino de las Vegas, como un gran burdel… pues es algo imprescindible, bueno y necesario para que todos podamos vivir algún día en una sociedad libre, plural, democrática.

Los comportamientos y acciones totalitarias y “gansteriles”, que estamos observando por parte del Partido Popular en Valencia y resto de España, únicamente nos obliga a toda la gente de bien y decente, a unirnos y a denunciar con firmeza a todos aquellos personajes que forman parte de la red clientelar y corrupta, que han propiciado la ruina y al desprestigio internacional de nuestra tierra, de nuestro país, y que han arruinado nuestras propias vidas y la de todos nuestros seres queridos.

Repito: nuestra vida corre peligro si seguimos dejando en manos de los expoliadores y saqueadores, la toma de decisiones políticas.

Hay muchas formas de estar muertos, aunque respiremos. Y el PP ha logrado matarnos un poco a todos los valencianos de bien, pues nos ha humillado al ofrecer una imagen de nuestra Comunidad como un cortijo, donde todo tipo de disparates se pueden cometer al margen del sentido común y la legalidad.

El PP ha colocado a Valencia en el mapa, pero en el mapa de lo que no se debe hacer nunca en una sociedad realmente democrática y plenamente adulta. Por eso ahora somos el hazmerreír internacional, el ejemplo a no imitar por nadie responsable y sensato.

Fuente: Anna Noticies.

Los iaioflautas ocupan una sede de la patronal en Barcelona

Manifestación de los iaoflautas ante la sede de la patronal Foment del Treball Nacional

Manifestación de los iaoflautas ante la sede de la patronal Foment del Treball Nacional

El movimiento de los iaioflautas, los indignados de la tercera edad, lanzan un manifiesto en el que para protestar contra la reforma laboral proponen la ocupación de las sedes de la patronal más cercanas.

“Insistimos, e invitamos a organizar una respuesta contundente que sea de todos y todas, de las personas precarias, de las paradas, de las trabajadoras autónomas…; por eso invitamos a las personas empresarias a sumarse a la respuesta, entorno a una Huelga General del 99% que lo pare y bloquee todo, que muestre que el poder lo tenemos el pueblo, la gente, en el camino a la gran respuesta ciudadana del 12M12, un año después del 15M.”

Hoy se han plantado en la sede en Barcelona de la organización patronal Foment del Treball Nacional, miembro destacado de la CEOE y han hablado con su secretario general, Joan Puyol. Éstas han sido sus conclusiones tras el encuentro.

Fuente periodismo Humano.

La revolución de los nadie

La comunidad apátrida de Kuwait, un 10% de la población, reivindica su derecho a la nacionalidad en la protesta más invisible de la primavera árabe

Considerados residentes ilegales por el régimen, no tienen derecho a certificados de nacimiento o defunción, a trabajos ni a educación y sanidad públicas

Manifestación de bidun en Sulaibiya, 40 kilómetros al norte de Kuwait City, el 18 de febrero de 2011. (AP / Nasser Wagi)

Manifestación de bidun en Sulaibiya, 40 kilómetros al norte de Kuwait City, el 18 de febrero de 2011. (AP / Nasser Wagi)

Cuando era una niña, a Mona Kareem una pregunta le dejó desconcertada. “¿De dónde eres?”, le interrogó una anciana. Ella pensó primero y luego contestó. “Soy de Bidun”. La señora se echó a reir. “No existe semejante sitio. No hay un país que se llame Bidun”. Y Mona quedó marcada por aquellas palabras, aturdida tras descubrir que el adjetivo con el que se describe a su comunidad –los Bidun, unas 120.000 personas- no tenía, en realidad, raíces a las que aferrarse. Como si no existiera.

Hay una revolución en Oriente Próximo que no quiere la caída de su régimen. Ni siquiera clama contra la corrupción o contra las violaciones de los Derechos Humanos: sólo quieren dejar de ser apátridas. En Kuwait, los manifestantes exhiben retratos del monarca, Sheikh Sabah al Ahmad al Jaber al Sabah, y cuando corean su nombre se refieren a él como padre. Pero sus protestas son invisibles a los medios de comunicación, tan imperceptibles como sus protagonistas.

De hecho, los manifestantes técnicamente no existen. Legalmente no nacen, ni mueren, no contraen matrimonio ni se divorcian porque nadie les expide documentos que así lo demuestre. No pueden acceder a un carné de conducir, a un documento de identidad o un pasaporte. Pese a haber nacido en Kuwait son tachados de ilegales, no tienen el mismo derecho que sus conciudadanos a tener educación, garantías sociales, sanidad, acceso a un puesto de trabajo o propiedades. Por eso no extraña que la revolución de los bidun –sin, en árabe, por bidun jinsiya, sin nacionalidad- pase desapercibida, a pesar de que son más de 100.000 los afectados y a las crecientes denuncias de las ONG que exigen que se regularice su situación.

Represión de una de las manifestaciones de bidun kuwaitíes. (@ARB_News)

Represión de una de las manifestaciones de bidun kuwaitíes. (@ARB_News)

La escritora y periodista de 23 años Mona Kareem, su portavoz más visible gracias a las redes sociales y a su empeño personal, dedica su vida a darles visibilidad: su última iniciativa ha sido Bedoon Rights, una web escrita por bidun kuwaitíes sobre el terreno donde denunciar las violaciones de los Derechos Humanos a los que son sometidos y documentar los casos con fotografías, vídeos y testimonios: una forma de compensar la ausencia de interés de los medios de comunicación.

Otro de los más activos abogados de la causa de los bidun es un activo twittero al que llamaremos Ahmed -prefiere no emplear su verdadero nombre por miedo a represalias- y que constituye en sí un ejemplo del problema. “Mi abuelo tenía un certificado de nacimiento fechado en 1936 donde se decía que era kuwaití y había nacido en Kuwait. Mi padre es policía y en su certificado, emitido en 1952, se anunciaba que su nacionidad es kuwaití y que su lugar de nacimiento es Kuwait. En el mío, de 1976, en el apartado de nacionalidad figura no kuwaití. A mi hijo no le quieren expedir un certificado de nacimiento. Es como si no existiera”.

Para explicar el origen del problema, Ahmed retrocede a décadas atras. “Hay que recordar que la mayor parte de los países del Consejo de Cooperación del Golfo son nuevos. Kuwait era un completo desierto por el que algunas tribus pasaban en sus viajes de Irak a la península arábiga. Gradualmente, tribus procedentes de Irán, Irak y la Península Arábiga se establecieron formando lo que hoy llamamos Kuwait”. Con la declaración de independencia, en 1961, las nuevas autoridades decidieron conceder la nacionalidad a aquellos que vivían en el interior del muro que rodeaba el antiguo Kuwait desde 1920. “La mayoría de las tribus, que vivían en el exterior del muro, no adquirieron la nacionalidad, pero la Constitución y las leyes locales les consideraban kuwaitíes y les incluyeron en los cargos públicos”, prosigue Ahmed.

Según el experto en cuestiones relativas a la nacionalidad Sebastian Kohn, autor del blog Justice Initiative, fueron privados de la nacionalidad kuwaití aquellos que “no pudieron demostrar vínculos con Kuwait previos a 1920 [esa es la definición de originario kuwaití según la ley], ya fuera porque eran beduínos o porque no tenían ningún tipo de documentación, así como aquellos que no apreciaban la importancia de tener una nacionalidad y no se registraron como ciudadanos a principios de los 60. Por ejemplo, no lo hicieron muchos de quienes trabajaban en los campos de petróleo porque no tenían tiempo de ir a sus casas a registrarse, o muchos nómadas que no tenían concepto de nacionalidad”.

Ellos no son los únicos miembros del colectivo: el mismo problema tienen los extranjeros que se asentaron con sus familias en Kuwait pero que nunca formalizaron su situación –la mayor parte del Ejército estaba, en los años 60, formado por bidun- e hijos de mujeres kuwaitíes y padre extranjero o bidun, ya que según la ley kuwaití las mujeres no tienen derecho a dar en herencia su nacionalidad.

Al principio, recuerdan los activistas, el estatuto de bidun no revestía apenas diferencias. En los años 60 y 70, los bidun tenían acceso a la educación y a la sanidad gratuíta como cualquier otro ciudadano de Kuwait, pero las leyes aprobadas desde entonces fueron complicando la normalización burocrática del estatuto de los sin. En los años 80, con la guerra Irán-Irak, su situación cambió drásticamente. “En la región se instaló un clima de desconfianza, y en ese contexto, se les comenzó a aplicar el Acta de Residencia de Extranjeros en 1986, por el cual fueron reclasificados como residentes ilegales. Según Human Rights Watch, fue una estrategia deliberada para echarles del país. Como resultado, comenzaron a ser despedidos de sus trabajos y a tener problemas para accceder a carnés de conducir o pasaportes”.

Un niño, en una protesta por los derechos de los bidun. (@faisalalmana)

Un niño, en una protesta por los derechos de los bidun. (@faisalalmana)

Fue en 1986 cuando el régimen de Kuwait instaló el primer comité gubernamental para tratar el problema de los bidun. Otro sería formado en 1994, bajo el nombre del Comité Ejecutivo para los Asuntos de los Residentes ilegales, que según explica Ahmed “practicó todo tipo de presiones contra los bidun como [quitarles el derecho a] la educación, el matrimonio, los certificados de nacimiento, el trabajo, el carné de conducit, el pasaporte, etc, como formas de presión para que abandonen Kuwait”. La comunidad invisible también fue progresivamente adoptada como una suerte enemigo oficial interno, alguien a quien culpar de todos los males: en 1985 fue acusada del intento de asesinato del emir, y con la invasión de Irak, en 1991, los bidun fueron tachados de colaboracionistas con el régimen de Sadam Husein.

Una situación explosiva que encontró su vía de escape gracias a la primavera árabe que comenzó en diciembre de 2010. El 18 de febrero, animados por sus vecinos regionales, los bidun perdieron el miedo y por primera vez acudieron a una manifestación. Al principio eran unos pocos centenares que exigían documentos civiles, más adelante, en las protestas de marzo y diciembre de 2011 fueron miles de bidun quienes exigieron plena nacionalidad: fueron reprimidos con gases lacrimógenos y cañones de agua.
“No tenemos una cultura de activismo y protestas”, explica Mona Kareem en un intercambio de correos electrónicos. “La primera expresión del activismo bidun comenzó en 2008 con la creación del Comité Bidun de Kuwait. El 2011 quedó marcado por grandes manifestaciones. Las escasas protestas previas fueron duramente reprimidas. Tenemos una historia de opresión gubernamental contra nosotros, contra cualquiera que se atreva a hablar, y las asociaciones civiles y los medios nunca informan de esas violaciones de nuestros derechos. Y mientras no se denuncien, no terminará la represión”, aduce la joven activista.

“Es importante recalcar que hemos tenido manifestantes de entre 5 y 10.000 personas: eso es el 5% de la comunidad bidun”, recalca Mona. En enero de este año, las manifestaciones contaron con 13.000 participantes, muy por encima de las expectativas. Eso, a pesar de que “cualquier manifestante o actvista bidun siente que está poniendo en riesgo el futuro de su familia”, como recalca la joven escritora.

Los detenidos en las protestas sobrepasan los 300; sólo en la marcha de enero hubo 108 arrestos según el diario kuwaití Al Rai. “En marzo de 2011 tuvimos 101 arrestados, muchos de ellos torturados, heridos y 36 fueron inculpados con cargos referentes seguridad nacional por los cuales, si llegan a ser condenados, podrán pasar hasta 25 años en prisión por participar en una protesta”, explica Ahmed. “Tres de los inculpados son médicos que han estudiado fuera. Sin embargo, no pueden ejercer en Kuwait porque la ley se lo impide”.
Es fácil que surja la pregunta de qué sucede con los detenidos, dado que oficiamente no son kuwaitíes. “El gobierno amenaza con deportarlos pero legalmente no puede. Son apátridas de Kuwait. Si pudieran deportar a un apátrida, lo habría hecho hace tiempo”, afirma Kareem. “Hay bidun que han pasado cinco años en centros de deportación porque ningún país les acepta, dado que no tienen ninguna nacionalidad”.

Motivos sobran para la revolución de los sin identidad, sin papeles, sin derechos básicos, que son al fin y al cabo parte de varias generaciones que han ayudado a construir Kuwait en tiempos mejores y peores. En el pequeño reino de Kuwait, donde 1.3 millones de habitantes se reparten los beneficios del 8% del petróleo mundial y donde la renta media supera los 62.000 euros anuales (se trata del quinto país más rico del mundo) un 10% de su población carece de medios básicos de subsistencia. En el llamado jubileo dorado, la conmemoración del 50 aniversario de la Independencia de Kuwait y del 20 aniversario de la liberación tras la ocupación iraquí, el emir Al Sabah entregó a cada ciudadano más de 3.000 euros a modo de celebración. No hubo nada para los bidun.
“Es un problema de egoísmo, clasismo y burocracia”, estima Kareem, en referencia al desprecio social que rodea a los bidun. Para Ahmad, “Kuwait es una familia muy rica que no quiere repartir el pastel. Algunos creen que las verdaderas razones para que no se nos naturalice son étnicas y religiosas, étnicas porque la mayoría de los bidun pertenecen a tribus del norte de Kuwait y religiosas porque el 60% son chiíes”. En cualquier caso, para Sebastian Kohn la única forma de erradicar el problema es la presión internacional. “A Kuwait le importa su reputación internacional, así que son importantes declaraciones claras por parte de la UE, EEUU o la ONU. Actualmente, nadie dice nada”.


Fuente Periodismo HUmano.

Las armas nucleares las cargan los bancos

La industria mundial de las armas nucleares es financiada y mantenida viva por más de 300 bancos, fondos de pensión, compañías de seguros y gestores de activos, según un nuevo estudio.

Esas instituciones realizan sustanciales inversiones en la fabricación de armas atómicas.

Divulgado por la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), el estudio de 180 páginas señala que las naciones con poderío nuclear gastan más de 100.000 millones de dólares al año fabricando nuevas ojivas, modernizando las viejas y construyendo misiles balísticos, bombarderos y submarinos para lanzarlas.

Gran parte de este trabajo es realizado por corporaciones como BAE Systems y Babcock International en Gran Bretaña, Lockheed Martin y Northrop Grumman en Estados Unidos, Thales y Safran en France, y Larsen & Toubro en India.

“Instituciones financieras invierten en esas compañías proveyendo préstamos y comprando acciones y bonos”, indica el informe, considerado el primero en su clase.

Titulado “Don’t Bank on the Bomb: The Global Financing of Nuclear Weapons Producers” (“No confíen en la bomba: El financiamiento mundial de los productores de armas nucleares”), el estudio provee detalles de las transacciones financieras con 20 compañías intensamente involucradas en la fabricación, mantenimiento y modernización de las fuerzas atómicas estadounidenses, británicas, francesas e indias.

Se necesita una urgente campaña mundial coordinada por la desinversión en armas nucleares, añade.

Un movimiento así podría ayudar a frenar los programas de modernización y fortalecimiento de armamentos e impulsar las negociaciones hacia una prohibición universal de ese tipo de bombas.

“Dejar de invertir en las compañías de armas nucleares es una forma efectiva de que el mundo corporativo avance hacia la meta de una abolición nuclear”, afirma el estudio.

El trabajo llama a las instituciones financieras a que dejen de invertir en la industria armamentística atómica.

“Cualquier uso de armas nucleares violaría el derecho internacional y tendría catastróficas consecuencias humanitarias. Al invertir en los fabricantes, las instituciones financieras están de hecho facilitando la construcción de fuerzas atómicas”, indica.

En el prólogo del informe, el arzobispo anglicano sudafricano Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz, señala: “Nadie debería hacer ganancias con esta terrible industria de la muerte, que nos amenaza a todos”.

El líder pacifista instó a las instituciones financieras a que apoyaran los esfuerzos para eliminar la amenaza atómica, y destacó que el cese de inversiones fue vital en la campaña para poner fin al apartheid (sistema de segregación racial en perjuicio de la mayoría negra) en Sudáfrica.

La misma táctica puede y debe ser empleada para enfrentar a la creación más maligna del hombre: la bomba nuclear, añadió.

Por su parte, Tim Wright, director de campañas de ICAN y coautor del informe, dijo a IPS que algunas de las instituciones identificadas en el trabajo ya expresaron su “intención de adoptar políticas prohibiendo las inversiones en fabricantes de armas atómicas”.

La campaña para que cesen las inversiones “probablemente será más exitosa en países donde la oposición a las armas nucleares es más fuerte”, por ejemplo los escandinavos y Japón, indicó.

Destacó que cada vez más bancos reconocen que se debe aplicar algún tipo de criterio ético a las inversiones, y que apoyar la fabricación de armas capaces de destruir ciudades enteras al instante era algo claramente contrario a la ética.

De las 322 instituciones financieras identificadas en el informe, alrededor de la mitad tienen sede en Estados Unidos y un tercio en Europa. El estudio también denuncia a instituciones de Asia, Australia y Medio Oriente.

Las más involucradas con la industria de armas nucleares son Bank of America, BlackRock y JP Morgan Chase en Estados Unidos, BNP Paribas en Francia, Allianz y Deutsche Bank en Alemania, Mistubishi UJF Financial en Japón, BBVA y Banco Santander en España, Credit Suisse y UBS en Suiza, y Barclays, HSBC, Lloyds y Royal Bank of Scotland en Gran Bretaña.

Consultado sobre si sería viable una campaña para boicotear a estas entidades, Wright dijo a IPS: “Si los bancos se resisten a ceder, los clientes tendrán que buscar alternativas éticas”.

Muchos otros bancos, particularmente pequeños, se niegan a tener cualquier tipo de vínculo con esta industria, destacó. “Si la gente comienza a irse en masa, esto enviará una poderosa señal al banco de que su apoyo a las compañías de armas nucleares es inaceptable”.

En el caso de las instituciones multinacionales, una campaña coordinada de boicot en varios países sería efectiva, sostuvo.

El estudio también cita a Setsuko Thurlow, sobreviviente de la bomba atómica lanzada por Estados Unidos sobre la ciudad japonesa de Hiroshima en 1945, y quien hizo un llamado a invertir de una forma ética y a no contribuir con actividades que amenacen la Tierra.

Fuente: periodismo Humano.

“La insatisfacción es la raíz de los grandes cambios mundiales”

Las manifestaciones sociales de indignación y de exigencia de cambio no son negativas en los momentos de crisis que vivimos, evaluó el intelectual, diplomático y político brasileño Rubens Ricupero en una entrevista.

El ex secretario general (1995-2004) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) vaticinó que la recuperación de la crisis económica demorará cuatro o cinco anos.

Ricupero, que ostenta una extensa carrera en la diplomacia de su país, donde también desempeñó funciones ministeriales, estimó que la parálisis de numerosas negociaciones multilaterales, como la Ronda de Doha en la Organización Mundial del Comercio (OMC), se prolongará por un tiempo.

La causa de esa parálisis se relaciona con un fenómeno en curso: el desplazamiento del poder mundial del Atlántico Norte al Pacífico asiático.

En esas circunstancias es difícil obtener consensos sobre temas profundos en los foros multilaterales, dijo Ricupero.

IPS: ¿Cuál es su diagnóstico de la situación global?

RUBENS RICUPERO: En los países industrializados no creo que a corto plazo pueda existir mucha esperanza de una recuperación. Los europeos aún no tienen siquiera una estrategia para hacer frente a los problemas de los países endeudados. Va a ser necesario bastante sufrimiento antes de llegar a eso.

El crecimiento prácticamente desapareció en Alemania, el país que cuenta. En otros hay recesión, como en Italia y Holanda. Parece que este será otro año perdido para Europa.

IPS: ¿Y en Estados Unidos?

RR: Mucho dependerá de la elección presidencial de noviembre. No se puede hacer una predicción, pero me arriesgaría a decir que el presidente Barack Obama va a lograr su reelección.

La economía estadounidense comienza a presentar indicios de recuperación, lenta e insuficiente en creación de empleo, pero tiene condiciones de ganar algo de ritmo y de contenido en los próximos años.

IPS: Desalentador panorama, entonces.

RR: Este año y el próximo no tendremos grandes diferencias en cuanto a la dicotomía que hemos vivido en los últimos tiempos. La economía del Sur sigue creciendo, particularmente en China, India y otros países asiáticos, y en consecuencia también en países latinoamericanos y de Oriente Medio. No veo en el horizonte ni un peligro muy grande de una catástrofe como la de 2008 con la caída de Lehman Brothers, ni una recuperación muy halagüeña.

IPS: ¿Será una larga espera?

RR: Como ocurrió en los años 30, esa recuperación tardará. La plena recuperación de la economía mundial como un todo no va a verificarse antes de unos cuatro o cinco años.

IPS: ¿También en América Latina?

RR: No. Eso no quiere decir que otras regiones no puedan recuperarse antes. Hay que tener presente que en los años 30, con excepción de algunos casos, como Argentina, que sufrió más por su dependencia de las exportaciones a Gran Bretaña y por su decisión de intentar pagar la deuda, los demás países latinoamericanos tuvieron una buena situación, como Colombia, Brasil, Chile, Perú y México.

IPS: ¿El panorama actual es parecido?

RR: Hoy veo dos diferencias a nuestro favor. Primero, en 1930 no existía el actual fenómeno de las economías de China, India y otros países asiáticos. El mundo dependía básicamente de los países industrializados. La segunda diferencia es que en los años de 1930 los latinoamericanos ya empezábamos con un endeudamiento exterior muy fuerte. De esa manera, la gran mayoría de los países de la región no podían pagar sus compromisos.

Esta vez estamos comenzando la década en una situación incomparablemente mejor. Con buenas reservas, bajo nivel de deuda y una situación interna más favorable en términos de crecimiento, de empleo y de mejoras de índices sociales.

Hablo de la situación en países como Brasil, Chile, Argentina y Perú, no tanto de los que dependen más directamente del mercado de Estados Unidos, los países del norte de la región.

IPS: Las negociaciones internacionales tropiezan con serias dificultades en cuestiones como desarme, comercio y ambiente. ¿Cómo ve el sistema multilateral?

RR: Muy mal porque es cierto, prácticamente en todos los grandes temas se verifica una parálisis.

IPS: ¿Las razones?

RR: Existen dos fenómenos que se superponen. Uno es de coyuntura: la crisis económica que tarde o temprano habrá de desaparecer. Otro es más profundo. Hace años que estamos asistiendo a un traslado del eje de la economía mundial y de la demografía mundial, del Atlántico Norte hacia el Pacífico asiático.

Ese es un fenómeno que el gran historiador francés Fernand Braudel (1902-1985) hubiera llamado de una tendencia secular, de largo, larguísimo plazo, como fue el traslado del eje del comercio mundial desde el Mediterráneo hacia el Atlántico en el siglo XVI, en el momento de los grandes descubrimientos.

IPS: ¿Es irreversible ese desplazamiento del poder?

RR: No va a detenerse. Al contrario, las crisis de coyuntura lo aceleran, lo refuerzan. En la medida en que Estados Unidos se debilita económicamente es obvio que eso favorece mucho la acumulación de reservas y de poder financiero de países como China.

Es en esos momentos de la historia, muy raros, que ocurren una vez cada dos o tres siglos, cuando hay un cambio en la distribución mundial. Y en esos momentos es difícil que haya consenso para afrontar las cuestiones más profundas en los foros multilaterales.

IPS: Deme más detalles de ese fenómeno.

RR: Hasta una fecha reciente el mundo tenía en Estados Unidos al árbitro que decidía. Era la potencia hegemónica que garantizaba el orden económico liberal. Desempeñó ese papel desde fines de la Segunda Guerra Mundial con la reorganización del sistema económico y financiero –la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial y del antecesor de la OMC, el Acuerdo General de Comercio y Aranceles (GATT)– y del sistema político a través de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante el largo período de la Guerra Fría, Estados Unidos siguió siendo el país que garantizaba la producción de resultados en las grandes conferencias, de las cuales salieron los llamados regímenes internacionales. Tanto es así que cuando Estados Unidos se abstenía, como en el caso del derecho del mar, el asunto no caminaba.

IPS: ¿Cuál es la nueva realidad?

RR: Hoy Estados Unidos comienza a revaluar sus posiciones, a sentirse más llamado a los problemas internos, a cambiar su estrategia militar. Los estadounidenses están trasladando el énfasis desde Oriente Medio, de los temas islámicos, a Asia. Y comienzan a darse cuenta de que el gran adversario estratégico, a largo plazo, es China. No es Al Qaeda ni los islamistas.

Entonces, en ese proceso no aparece nadie que pueda desempeñar ese papel de árbitro. Es lo que se ve en los episodios de Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y también en las otras grandes negociaciones internacionales.

IPS: ¿Es un traspaso de poder inminente?

RR: No, no veo a corto plazo la posibilidad de cambio. Si Obama es reelegido estará más atento a los problemas internos, como lo viene haciendo. Y chinos e indios aún tienen desafíos muy grandes en sus países. No están listos ni quieren asumir ese peso de responsabilidad.

Es un momento muy difícil, que corresponde a la definición de crisis del gran pensador marxista italiano Antonio Gramsci (1891-1937). Decía Gramsci que la crisis es el momento intermedio en que el mundo viejo termina de morir y el mundo nuevo tiene dificultad para nacer. En esa etapa intermedia todo tipo de síntoma de morbidez sube a la superficie.

Es lo que estamos viviendo. Incluso el hecho de que aun los países industrializados empiezan a discutir la crisis del capitalismo. Pero no encuentran una salida porque son las mismas personas que han creado la crisis y siguen dando las cartas.

IPS: ¿Confía en que habrá alguna reacción?

RR: Vamos a tener una historia agitada en los próximos años. No en el sentido de un conflicto mundial, sino en ese tipo de cosas que estamos viendo: insatisfacción, indignación, deseo de cambio. Lo que no es negativo, porque nunca hay que perder de vista que la historia se mueve en momentos de dificultades.

No llego al punto de decir, como los marxistas, que la violencia es la que hace mover la historia. Pero la insatisfacción lo es. Es la raíz de los grandes cambios mundiales, como la Revolución Francesa, la Reforma religiosa, el Renacimiento. Había entonces una insatisfacción con la vida que se llevaba.

IPS: ¿Y en la actualidad?

RR: Esa insatisfacción social puede ser altamente creativa. Es perturbadora para los que viven en esos momentos pues es algo que cuestiona todos los valores, todos los hábitos, pero es creativa.

No creo que sea malo que la gente no se sienta satisfecha con un sistema tan basado en la injusticia y en la falta de igualdad. Hay que rebelarse contra lo que han hecho y siguen haciendo los banqueros.

Por eso he dicho: vivan los hombres y las mujeres que luchan por una economía con más equidad, justicia y equilibrio. No hay que resignarse a eso.

IPS: ¿Puede la crisis afectar la supervivencia de las organizaciones multilaterales?

RR: Particularmente la ONU ha demostrado una gran flexibilidad. Le cito dos episodios. En 1971, cuando China comunista fue admitida y pasó a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, se decía entonces, en la época posterior a la Revolución Cultural, que iba a producir una gran inestabilidad en el mundo. Y no fue lo que ocurrió.

El segundo: el fin del comunismo produjo un cambio total en el mapa del mundo. La Unión Soviética se deshizo en no sé cuantos pedazos. La federación yugoslava también. Y todo eso sucedió con un grado de violencia relativamente contenido, menos en el caso de los yugoslavos, por otras razones.

En ambos momentos lo que se vio es que las organizaciones, en particular las de la ONU, han sabido acomodarse a los cambios. Lo malo es cuando la organización es tan rígida que no puede amoldarse y perece.

La ONU tiene esa flexibilidad, lo que a veces causa mucha perplejidad e insatisfacción.

IPS: ¿Cree que las organizaciones financieras, como el FMI, el Banco Mundial y la OMC, van a sobrevivir intactas?

RR: No. Yo espero que ese movimiento de cambio modifique no solo la economía interna de los países, en un sentido que la aleje de ese fundamentalismo de mercado, sino que cambien también las instituciones que han representado ese espíritu fundamentalista.

Y para eso, el papel principal ha de corresponder a las personas en el mundo –no solamente en el Sur– que tienen conciencia de ese problema, de que no se puede continuar con una organización que conduce a un crecimiento más elevado de la desigualdad.

Fuente: Periodismo Humano.