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Finlandia lanza ‘su’ reforma laboral: más protección a los trabajadores .


  • FARIS SANHAJI-Vozpópuli
  • 09 marzo 2012
  • Helsinki ha tomado medidas para proteger más a los trabajadores y los desempleados. Continua con el famoso “modelo escandinavo” mientras el sur de Europa liberaliza su mercado laboral
    • Una calle comercial de Helsinki: el poder adquisitivo ha sido una de las grandes preocupaciones de los finlandeses. Foto: Archivo

    ESCANDINAVIA. En Finlandia, el Estado del bienestar sigue siendo una realidad concreta, e incluso más que antes. Cuando España anuncia el abaratamiento del despido, Finlandia toma medidas para proteger mejor a sus trabajadores. Con un crecimiento del 2,9% y el paro al 7,6% en 2011, pero sobre todo, un rating ‘AAA’ de parte de todas las agencias de calificación, Finlandia tiene toda la amplitud para proteger a su población activa de la mejor manera, y existir en Europa como un modelo económico alternativo.

    A pesar de sus buenos datos macroeconómicos, las perspectivas en Finlandia seguían negativas en 2011 por el contexto general de la Unión europea y la fuerte inflación. El Gobierno conservador, presidido por Jyrki Katainen, decidió apostar por su mercado interior sin la menor intención de mejorar la competitividad.

    Proteger los trabajadores y los desempleados

    La primera legislación que ha puesto en marcha se aplica a los trabajadores temporales, que podrán beneficiarse de condiciones mínimas y términos de protección en cualquier trabajo, si no son iguales a las de los empleados de la empresa a la que han sido incorporados. La Ley de contratos de empleo, modificada de común acuerdo por los sindicatos, los empresarios y la administración, incluye medidas de mayor protección sanitaria y de seguridad, con el objetivo de ayudar a los empleados quedarse el tiempo más largo posible como población activa.

    No sólo Finlandia protege a sus trabajadores, sino también a sus desempleados. La pérdida media de poder adquisitivo ha sido del 0,6% en 2011, por lo que las prestaciones básicas por desempleo pasarán de 25,74 euros a 31,36 euros al día, lo que representa un aumento de casi 120 euros al mes. La ayuda a la renta y el subsidio de vivienda también aumentarán, una persona soltera recibirá 461,05 euros al mes como ayuda básica a la renta.

    El secreto: el acuerdo

    En octubre de 2011, los interlocutores sociales también crearon un nuevo acuerdo tripartito, en el que el Gobierno sirvió como consejero. En fin de aceptar el aumento de las cotizaciones para pensiones, los sindicatos obtuvieron la reducción del impuesto sobre la renta del 0,2%.

    Todas las partes se pusieron de acuerdo para elevar los salarios en una media del 0,6% en 2012, luchar contra la inflación y reducir las tasas profesionales para aumentar el poder adquisitivo de los finlandeses.

    Ese mismo poder adquisitivo que preocupó a los medios y la población el año pasado, que sufrieron una inflación media del 3,42% en 2011. Mejorar las condiciones de vida de los parados, los ingresos de los trabajadores y las ayudas para la vivienda son las tres principales soluciones que permitirán ayudar a todos, hasta a los más vulnerables.

El Banco de España impide al Tribunal de Cuentas realizar un informe específico sobre la deuda de los partidos .

 

Jesús Posada Y El Presidente Del Tribunal De Cuentas,Manuel Núñez En El Congreso

Foto: CONGRESO

El supervisor no ha facilitado información sobre los créditos de las formaciones políticas

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha decidido renunciar a redactar un informe específico sobre la deuda de los partidos ante la falta de colaboración del Banco de España, que no le ha proporcionado la información que había pedido sobre los créditos de las formaciones políticas, según consta en el programa de fiscalizaciones para 2012, al que tuvo acceso Europa Press.

En diciembre de 2005, la Comisión Mixta (Congreso-Senado) encargó al Tribunal de Cuentas un estudio exhaustivo de las donaciones de particulares a los partidos políticos, así como de sus créditos y las negociaciones de condonación con la banca, detallando la relación de entidades financieras que han perdonado deudas a los partidos y una lista de créditos vencidos y no pagados.

En su programa de 2011, el Tribunal de Cuentas incluyó la realización de un informe específico al respecto pero en su agenda para este año informa de que no podrá llevarlo a cabo por la falta de colaboración del Banco de España.

Según explica, parte de esos datos que reclamaban las Cortes ya está en los informes anuales de fiscalización de partido políticos, pero no ha podido avanzar más al no obtener información sobre los  créditos de formaciones políticas existentes en la Central de Información de Riesgos del Banco de España.

UNA LIMITACIÓN RELEVANTE

“A fin de completar los resultados, se solicitó la colaboración del Banco de España en orden a facilitar información sobre los créditos de los partidos políticos, sin que dicha solicitud fuera atendida, lo que ha supuesto una limitación relevante que ha impedido aportar un valor añadido a los resultados ya incluidos en los informes aprobados”, explica.

Además, la entidad fiscalizadora reseña que la actividad financiera de los partidos ha sufrido una nueva regulación con la Ley de 2007 sobre financiación de los partidos, lo que ha supuesto la modificación de algunos requisitos exigidos durante el periodo anterior.

Eso sí, el Tribunal de Cuentas ha garantizado que este año analizará los estados contables de los partidos y de las donaciones percibidas por sus fundaciones entre 2007 y 2011, así como los gastos electorales de las formaciones políticas en los comicios locales y generales del pasado año.

Dentro del Programa de Fiscalizaciones para este año, aprobado por el Tribunal de Cuentas el pasado 26 de enero y que acaba de remitirse a las Cortes, se han incluido otros trabajos como el examen de la contabilidad el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la pasada legislatura, el presidente de este órgano, Manuel Núñez, ya defendió ante el Parlamento su intención de ir fiscalizando todos los órganos constitucionales.

De momento, en el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para 2012 sólo se incluye al órgano de gobierno de los jueces. La iniciativa se recibió “con absoluta normalidad y tranquilidad” por el Consejo del Poder Judicial pese a que éste ha recordado que tiene sus propios órganos de intervención y control de cuentas.

EXAMEN DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Además de las habituales fiscalizaciones que año tras año realiza  a iniciativa de los parlamentos autonómicos y el nacional, el Tribunal de Cuentas también ha resuelto controlar ‘motu proprio’ las contrataciones desarrolladas por las entidades locales con las inversiones realizadas por el Fondo Estatal de Inversión Local, esto es, las dos fases del conocido como ‘Plan E’.

Igualmente, ha vuelto a incluir entre sus actividades la fiscalización sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, un examen que no gustaba al Gobierno socialista, que consideraba suficientes los análisis de cada Cuenta General del Estado.

También será sometido a examen del Tribunal de Cuentas la gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley de Dependencia, de la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en misiones internacionales en los ejercicios 2009 y 2010 o la actuaciones de control y supervisión realizadas en el asunto AFINSA y otras entidades de bienes tangibles por los Ministerio de Economía y Hacienda y de Sanidad y Consumo, entre otros.

La juez envía a prisión sin fianza al exdirector general de los ERE . La juez Alaya ha valorado la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga .

La Junta, PP, UGT y Manos Límpias se adhirieron a la solicitud de cárcel

Javier Guerrero, a las 2.30, entra en un furgón para ir a prisión.

Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, ha ingresado esta madrugada en prisión sin fianza por orden de la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos. La magistrada comunicó la decisión sobre la 1.40, después de que la fiscalía solicitase esta medida cautelar. La Fiscalía Anticorrupción pidió prisión provisional comunicada sin fianza para Javier Guerrero tras tres días de declaración en los que ha sumado casi 20 horas de testimonio y en los que ha puesto de manifiesto las irregularidades que cometió a lo largo de casi una década (entre 1999 y 2008).

La petición de la fiscalía, a la que se sumaron las acusaciones de la Junta de Andalucía, el PP, UGT y el sindicato ultraderechista Manos Limpias, se basó en la gravedad de los hechos que se le imputan, la influencia que Guerrero pueda ejercer sobre otros implicados en la causa (que acumula medio centenar de imputados) y el riesgo de fuga.

A las 2.21 de la madrugada la Guardia Civil ha escoltado a Guerrero hasta un furgón policial para su traslado a prisión. “Mi cliente no se lo esperaba. Creo que no se dan los requisitos para la prisión. Y me temo que si hay riesgo de destrucción de prueba, ya sabemos donde está [en referencia a la Consejería de Empleo]“.

Como medida cautelar para hacer frente a la responsabilidad civil, la fiscalía pide una multa de 933 millones de euros. De este dinero, 700 se corresponden con el dinero que se gestionó a través del Instituto de Fomento de Andalucía (luego la agencia Idea), el organismo pagador de los ERE y de las ayudas directas a empresas que están en el epicentro de la investigación judicial; un tercio adicional que permite la ley, más otras pólizas individuales.

Su abogado, Fernando de Pablo, pidió a la juez que se expulsase a la Junta como parte acusadora en el proceso. Según su versión, la Junta debe ser responsable civil subsidiario porque Guerrero cometió las actividades que se le imputan cuando era alto cargo de la Administración autonómica.

En los tres días que ha durado su declaración, Guerrero ha tirado por elevación y ha salpicado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El ex alto cargo andaluz, al que la juez acusa de seis delitos (cohecho, malversación y prevaricación, dos de falsedad en documento oficial y otro de falsedad en documento mercantil) ha sostenido que la cúpula del Ejecutivo andaluz conocía el sistema con el que se daban las ayudas y que la juez considera ilegal. El Gobierno de José Antonio Griñán sigue argumentando que el sistema (transferencias de financiación en vez de subvenciones excepcionales, que tienen un control más estricto) es legal.

En cualquier caso, este hecho va a marcar definitivamente la campaña electoral de las elecciones autonómicas del próximo 25 de marzo. El encarcelamiento de Guerrero arrincona aún más a los socialistas, que en el arranque de la campaña habían cogido oxígeno con la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que les daba un ligero repunte que les podría permitir evitar la mayoría absoluta del PP de Javier Arenas.

En su auto, la juez Alaya se ha querido adelantar a cualquier crítica o alusión al oportunismo político sobre su decisión. “Constituye una absoluta falta de respeto y consideración a la función de defensa de la legalidad que ostenta el ministerio público, al que se le ha acusado de razones extraprocesales, cuando son motivos estrictamente jurídicos los que justifican su solicitud”. A continuación, ha añadido: “Del mismo modo, si se hace extensiva esta crítica a esta resolución judicial por acceder a esta medida, supone un absoluto y total desconocimiento de los principios de justicia e independencia que rigen la función jurisdiccional”

Los abogados defensores en la causa pidieron la libertad para Guerrero. Para ello argumentaron la colaboración que ha tenido el ex alto cargo con la justicia, sobre todo en estos tres días de declaraciones; el tiempo transcurrido desde que se cometieron los delitos y que el riesgo de fuga del ex alto cargo (que lleva casi un año imputado en la causa) no era creíble.

La jornada de ayer también maratoniana y el interrogatorio de Guerrero terminó a media tarde, aunque Alaya le avisó de que retomará su comparecencia a medida que la Guardia Civil investigue las empresas una por una. Hasta ahora, han sido analizadas cinco y son más de 300 entre expedientes y ayudas directas.

Ayer, Guerrero volvió a disparar contra la cúpula del Gobierno andaluz e insistió en que esta conocía su manera de ejecutar la política de ayudas por las que repartió 647 millones entre ERE y ayudas directas a empresas a lo largo de una década. “Estas personas sabían y tenían que saber cómo se trabajaba en la Dirección General de Trabajo (…)Según Viera, soy un indeseable. Manuel Chaves dice que no me conoce y la portavoz [Mar Moreno] me pone a caer de un burro cada vez que puede. Me escandaliza porque no entiendo cómo pueden decir durante tres Gobiernos que no sabían cómo se trabajaba en Empleo”, sostuvo Guerrero, según relataron varios abogados presentes.

El ex alto cargo habló en abstracto sobre la política de ayudas que la juez considera ilegal, pero, sobre este punto, no achacó a sus superiores haber conocido las irregularidades en la tramitación de las mismas.

Guerrero, acusado de cohecho, malversación y otros cuatro delitos, atacó a la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, pese a que coincidieron en la Administración andaluza apenas un mes durante 2008. Fuentes del Ejecutivo andaluz aseguraron que Guerrero censuró las críticas continuas de Moreno, pero no la acusó de conocer su sistema de trabajo.

Según el ex alto cargo, la Junta mantiene un doble rasero que le ha perjudicado de manera grave. “Durante todo este tiempo [desde que hace 14 meses comenzara la instrucción], mientras a los imputados de la Junta se les ha otorgado la presunción de inocencia, desde la propia Junta, a mí se me otorgó la presunción de culpabilidad”.

En la declaración ante Alaya confluyeron la agitada vida privada de Guerrero y su política de ayudas plagada de irregularidades, como la póliza de 240.000 euros para su suegra que intentó justificar. En un interrogatorio extenso pero de tono amable en general, Guerrero rechazó que consumiera drogas, tal y como le acusó su exchófer. Este dijo que ambos se gastaron 900.000 euros de dos subvenciones en cocaína y fiestas. Ayer, Guerrero alegó desconocer que detrás de esas subvenciones estuviera su exconductor, y añadió que a él solo le gustan los gin-tonics y el Marlboro. Hubo tiempo para las tensiones, las risas y las mentiras. Y cuando la juez le apretaba, Guerrero otorgaba, asentía, y callaba. En su alegato final, dijo: “Me voy con la conciencia tranquila de haber contado todo lo que he vivido”.

 

EL PAIS.

Los lodos del ‘caso Emarsa’ salpican a Barberá .

El juzgado número 15 de Valencia investiga desde hace meses el saqueo de la depuradora de Pinedo, una de las mayores de Europa, que está ubicada en el término municipal de la ciudad de Valencia. A raíz de una denuncia presentada por los socialistas, el juez ha imputado hasta ahora a un total de 28 personas por delitos contra la Hacienda Pública, delito contable y falsedad documental. Entre los imputados figura el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, y otros cargos intermedios del PP de la ciudad de Valencia.

Los responsables de la empresa pública que gestionaba la depuradora, Emarsa -en la que tenía mayoría el Ayuntamiento de Valencia-, gastaron cantidades millonarias en servicios no prestados, regalos de lujo, traductoras rumanas, viajes, joyas y comidas.

La gestión se saldó con un agujero de 17 millones de euros, aunque el saqueo podría elevarse hasta los 40 millones. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha aceptado constituir una comisión de investigación en las Cortes Valencianas para esclarecer las responsabilidades políticas, lo que le ha costado el distanciamiento con la alcaldesa Rita Barberá, que, pese al escándalo del caso Emarsa, no ha tomado medida alguna al respecto.

Y es que, aunque Enrique Crespo era el presidente del consejo de administración de Emarsa, las irregularidades en la depuradora se remontan a una etapa anterior, presidida por los ediles populares Juan Vicente Jurado y Silvestre Senent. El pasado jueves, Juan Carlos Gimeno, exconcejal popular imputado en el caso Emarsa, pidió que se investigue la gestión desde 1991, cuando Barberá se hizo con la alcaldía de Valencia. “Casi tres millones de euros al año se pagaban para mantener estómagos agradecidos del PP”, aseguró Gimeno, quien añadió: “Casi todos los proveedores eran militantes del PP o muy cercanos, y todos los empleados eran militantes”. -

EL PAIS .

Carlos Fabra, ese “político ejemplar” .

En diciembre de 2003, un empresario acusó al entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle “cantidades millonarias” a cambio de favores políticos. El PP se encontraba en pleno apogeo en la Comunidad Valenciana y el todopoderoso Fabra se enfrentaba a una acusación de tráfico de influencias y cohecho.

Los populares copaban las administraciones de Castellón, la Generalitat y el Gobierno central, por lo que Fabra no tenía mucha dificultad en, presuntamente, tratar de agilizar autorizaciones de fabricación de productos sanitarios, intercediendo ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad. Los responsables de estos departamentos, Jesús Posadas, Miguel Arias Cañete y Celia Villalobos, hubieron de dar explicaciones sobre las reuniones que, ellos o sus subordinados, mantuvieron para tratar sobre los productos del amigo de Fabra Vicente Vilar. Y la documentación revela que diputados, subdelegados del Gobierno y distintos cargos públicos hicieron de intermediarios en la operación.

La investigación tomó impulso con la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, lo cual no ha impedido que las pesquisas se prolonguen durante más de ocho años. Tampoco ha evitado que las imputaciones, que en un principio se extendieron entre cargos ministeriales, se redujeran a los matrimonios Fabra y Vilar, que ahora son parejas desechas.

Lo que sí posibilitó la tramitación de este caso es que los inspectores de Hacienda detectaran un incremento patrimonial en el matrimonio Fabra, que ahora habrá de responder además de siete presuntos delitos fiscales por defraudar cerca de 1,2 millones de euros.

Políticamente, Carlos Fabra ha sido arropado por todos en el PP. Desde el actual jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, que lo calificó de “político y persona ejemplar”, hasta el actual presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, que lo mantiene al frente del PP provincial. -

EL PAIS.

El ‘caso Brugal’ pone en jaque al poder alicantino .

El poder alicantino (político, empresarial y financiero) se ha desmoronado en los dos últimos años al conocerse lo que se ocultaba bajo el sumario delcaso Brugal. Al levantarse el secreto que pesaba sobre esas actuaciones ha quedado al descubierto la mayor trama político-empresarial gestada en la provincia de Alicante, amparada en el negocio de la recogida de basura y el urbanismo.

La investigación de la policía, realizada sobre la base de tres años de escuchas, sitúa a la cabeza de la trama al expresidente provincial del PP José Joaquín Ripoll; a la alcaldesa del PP de la capital, Sonia Castedo, y a su antecesor, Luis Díaz Alperi. Junto a los políticos, el promotor Enrique Ortiz, el empresario de la basura Ángel Fenoll y dos exdirectivos de Bancaja y la CAM.

La investigación comenzó en 2007. En julio de 2010, el juez ordenó una operación policial que concluyó con 19 arrestos, entre ellos los de Ripoll, Ortiz y Fenoll. El sumario incluye tres causas principales y una veintena de ramificaciones. Han sido interrogados 56 imputados.

Del conjunto de causas destacan un supuesto soborno por la contrata de la basura de La Vega Baja a Ripoll por parte de Ortiz y Fenoll. La policía sostiene que Ripoll, a quien el juez imputa cinco delitos, logró 1,3 millones sin justificar tras el contrato, y el amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El fiscal acusa a Castedo y Alperi de proporcionar datos secretos a Ortiz a cambio de dádivas (vacaciones, un coche y un viaje a Creta en jet privado). La investigación cifra en 120 millones el pelotazo del promotor.

El caso Brugal ha segado la longeva carrera política de Ripoll, ahoraconfinado en el puerto de Alicante. Y Castedo mira de reojo la evolución del sumario judicial. El PP prepara su relevo ante su posible imputación. -

EL PAIS .

La trama Gürtel se alimentó del PP valenciano .

La trama corrupta de empresas que dirigía Francisco Correa se instaló en el corazón de la Comunidad Valenciana en 2004 tras perder el PP la mayoría absoluta que había logrado José María Aznar.

A través de Orange Market, la firma que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes,Gürtel obtuvo del Gobierno valenciano -que presidía Francisco Camps- hasta 85 contratos en un periodo de seis años, de los que 76 le fueron adjudicados a dedo. Los más cuantiosos fueron obtenidos por montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur y por organizar el seguimiento de la visita del Papa a Valencia en 2006 a través de Canal 9. La trama logró contratos y comisiones millonarias mediante procesos irregulares. Simultáneamente, Orange Market asumió el papel de suministrador único de eventos de la dirección regional del PP y organizó actos para distintas agrupaciones locales.

A raíz de las investigaciones judiciales desarrolladas en la Audiencia Nacional, primero, y en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Madrid y la Comunidad Valenciana, un nutrido y selecto grupo de dirigentes del PP valenciano está inmerso en causas judiciales.

Francisco Camps se enfrenta desde hace semanas a un juicio con jurado, en compañía de quien fue su mano derecha, Ricardo Costa, por recibir regalos de la trama corrupta. A ambos se les imputa un delito de cohecho pasivo impropio. El TSJ de Valencia también instruye la causa por supuesta financiación ilegal del PP valenciano. En ella hay serios indicios de que varias constructoras, que obtenían sustanciosas contratas de la Generalitat, financiaron al PP a través de Orange Market, que también facturó en dinero negro parte de los servicios prestados al partido. En la causa están imputados Costa, el exvicepresidente Vicente Rambla, el vicesecretario de Organización del PP, David Serra, la tesorera, Yolanda García, y la exconsejera Milagrosa Martínez, entre otros. -

ELPAIS.

El aeropuerto de Castellón ‘tapaba’ una recalificación para 40.000 viviendas.

El empeño aeroportuario de Carlos Fabra iba unido a la atracción de 600.000 turistas, doce campos de golf y un nuevo parque temático.

Carlos Fabra quería un aeropuerto en Castellón. Y lo consiguió. Sin aviones, con un coste cercano a los 200 millones de euros (de ellos, unos 70 a cargo del erario público), pero con una estatua que ensalza la personalidad de su inspirador. Empezó la casa por el tejado. En realidad, el aeropuerto era una excusa para poner en marcha otros proyectos. Y muchos le siguieron, le aplaudieron, se unieron al coro de los que defendían el aeropuerto como quien defiende el progreso.

150 millones de euros en la construcción, 30 millones en publicidad, 300.000 euros en la estatua… Y ni un viajero
“Hay quienes dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones”, admitió el inspirador de la obra.

El aeropuerto de Castellón se argumentó como la forma de afianzar la economía de una provincia con escaso desarrollo turístico, disminuida en lo agrícola y centrada en la producción de azulejo. Su justificación: dar facilidad de acceso a los futuros ocupantes de 40.000 viviendas proyectadas (la mitad, en una sola macrourbanización), los 12 campos de golf y un parque temático que, para no ser menos que nadie, se empeñó en impulsar. Ya tiene el aeropuerto, pero no las viviendas, los campos de golf y el parque temático que iban a disfrutar los cientos de miles de turistas previstos para desplazarse a Castellón en avión.

El fin justificaba los medios. Pese a su fobia a volar, Fabra se encumbró como salvador y, contra obstáculos y reticencias, logró arrancar del Gobierno de Aznar la autorización para construir el aeropuerto, y de su amigo Francisco Álvarez-Cascos, la declaración de interés general. Pero ni un euro. Llamó a la puerta de la Generalitat, siempre entreabierta por aquello del apoyo en el seno del PP, y arrebató un compromiso para una concesión: la Administración promovía la infraestructura y un grupo de empresas se encargaba de la construcción y gestión. Eso sí, con el aval económico público y la salvaguarda de cubrir el coste si no se alcanzaban las expectativas de viajeros, cifrados en 600.000.

Aun así, el verdadero motivo se encontraba alrededor, en el cemento. El argumentario del aeropuerto pretendía hacer encajar todas las piezas de adosados, unifamiliares y hoteles, unidos a una docena de campos de golf en una zona en la que se reclamaba “agua para todos”. La nueva infraestructura, alejada de la costa, justificaba la reconversación de 18 millones de metros cuadrados para levantar la mayor macrourbanización del país, un proyecto que iba a multiplicar la población de Cabanes, el término municipal en el que se iba a construir. Al margen de esta macrourbanización, otra docena de proyectos rodeaban, sobre las maquetas, los campos de golf que salpicaban el imaginario de la provincia.

Los proyectos no salieron, las casas no se construyeron y los campos de golf continúan siendo eriales. Pero el aeropuerto, pese a paralizaciones judiciales y problemas administrativos, siguió su marcha porque Fabra quería llegar a decir: “Llevo 14 años imaginando cómo sería el día de hoy”. Que fue lo que afirmó el 25 de marzo del año pasado, después de preguntarles a sus nietos: “¿Os gusta el aeropuerto del abuelo?”, el día en que se inauguró una infraestructura que carece de permiso de vuelo y de compromiso de aerolínea alguna para comercializar rutas. “Hay quienes dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones”, admitió el propio Fabra, quien se atrevió a añadir que lo hacía para que “cualquier ciudadano que lo desee pueda visitarlas y caminar por ellas”.

Él no ha puesto, obviamente, ni uno de los 150 millones de euros que ha costado su construcción. Ni son suyos los 30 millones gastados en publicidad. Ni los 300.000 que costará la escultura, de 20 toneladas, inspirada en su persona. Tampoco rendirá cuentas políticamente por estas decisiones porque decidió no presentarse a las elecciones municipales (era presidente de la Diputación de Castellón)antes de que alguien lo echara. De otros asuntos sí tendrá que responder ante la justicia. -

EL PAIS.

El aeropuerto sin aviones de Castellón paga 7.700 euros al mes de luz .

El Consell dice que por la noche solo se enciende lo “estrictamente necesario.

Interior del aeropuerto de Castellón, que gasta 7.700 euros al mes en electricidad. / ÀNGEL SÁNCHEZ

Un día después de que el PP vetara una comisión de investigación en las Cortes Valencianas para aclarar el gasto que supone a las arcas públicas el aeropuerto de Castellón, el Consell ha desvelado que la infraestructura se come al mes 7.700 euros de dinero público en la factura de la luz. Un consumo que viene realizando desde hace casi un año a pesar de que todavía permanece cerrado. Y es que, aunque la diputada popular Marisol Linares argumentara que “estaba todo claro” en cuanto al gasto del aeropuerto, la información sobre lo que cuesta a los valencianos esta obra sigue llegando a cuentagotas.

A finales de diciembre, desde el grupo Compromís de Castellón se criticó la elevada iluminación nocturna del aeródromo que la hacía totalmente visible desde la autovía CV-13. Días después de esta denuncia pública la iluminación era notablemente más baja. Casi tres meses han tardado en obtener la respuesta a este derroche de luz.

Compromís: “Mientras los institutosno podían pagar la calefacción,

el aeropuerto sí tenía iluminación”

La consejera de Turismo, Lola Johnson, ha manifestado en respuesta parlamentaria que, desde las ocho de la tarde, “solo se mantienen encendidas las luces que, según la empresa que se encarga de la seguridad y la vigilancia del recinto, son estrictamente necesarias para asegurar la custodia de los bienes y personas que se encuentran en el aeropuerto”.

Así, apunta que la sociedad pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas) tiene contratada una potencia de entre 1.000 y 1.800 kw. “El consumo de energía eléctrica ha supuesto un coste medio aproximado de 7.700 euros mensuales”, indica Johnson.

Un gasto que se viene realizando desde que el pasado 25 de marzo se inauguraran unas instalaciones que permanecen cerradas desde entonces. En total, en un año se habría gastado 92.400 euros solo en luz.

La Generalitat asume 382.000 euros al año en nóminas de las siete personas que trabajan en la sociedad

Para Compromís, este desembolso se ha realizado “para tener el monumento al despropósito bien visible desde la CV-13”. “Mientras en los institutos este invierno no podían pagar la calefacción por los impagos del Consell, el aeropuerto sí tenía iluminación, una factura más a sumar a este pozo sin fondo que a pesar de estar inoperativo continúa pagando mensualmente salarios, dilapidando millones en publicidad y contratando servicios como el del control de la fauna”, dijo la diputada autonómica, Mònica Oltra.

De hecho, solo los gastos de mantenimiento del aeropuerto de Castellón, como ya publicó EL PAÍS, tienen una factura de unos 300.000 euros mensuales, pese a no estar en funcionamiento. Al año, Aerocas debe hacer frente a un desembolso de cerca de cuatro millones de euros. Un gasto que se destina a sueldos, mantenimiento y costes financieros, entre otros.

Solo en salarios, la Generalitat asume el pago de 382.000 euros al año en las nóminas de las siete personas que trabajan para la sociedad. Entre ellos, su director general, Juan García Salas, que en 2010 cobró 84.000 euros, según las auditorías del Consell. También en gastos financieros hay que asumir 1,2 millones al año.

A ello se suman, además, los contratos de publicidad y patrocinio que la sociedad pública ha ido firmando desde que en 2003 se proyectara el aeropuerto. Desde ese año, Aerocas ha cerrado contratos que ascienden a un total de 30 millones de euros. Alguna de las entidades beneficiarias de estos patrocinios todavía está a la espera de cobrar lo pactado.

En el último consejo de Aerocas, celebrado en febrero, la sociedad cerró tres contratos que supondrán un desembolso de diez millones. Se trata del servicio de gestión de la torre de control que se licitó por 4,25 millones en cinco años. También se adjudicó la contratación de la vigilancia privada por 5,5 millones en cinco años y el de control de fauna, cuyo gasto se prevé en casi 100.000 euros al mes.

¿Adiós a Teledeporte y Clan? RTVE cree que los recortes ponen en “serio riesgo” su servicio público .

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RTVE. Foto: Archivo

 

El presidente de turno de RTVE, Josep Manuel Silva, ha asegurado durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE que elrecorte dictado por el Gobierno de 204 millones de euros a los presupuestos de la corporación pública para este año pone en “serio riesgo” que el grupo “pueda seguir desempeñando la función de servicio público” y peligraría la existencia de canales como Clan o Teledeporte.

“Sería más asumible el objetivo de reducción si lo pudieramos hacer en dos años, 2012 y 2013, porque el año que viene no hay juegos olímpicos, si no fuera así, el Consejo de Administración de RTVE considera que la corporación de RTVE se enfrenta a obstáculos de tal magnitud que ponen en serio riesgo que pueda seguir desempeñando la función de servicio público que la ley le encomienda”, ha indicado durante su comparecencia en respuesta al diputado de PSOE Juan Luis Gordo.

Silva, quien ha iniciado su comparecencia recalcando que sus manifestaciones representan la voluntad de los consejeros y no su opinión personal, ya había adelantado antes que el objetivo marcado por el Gobierno para 2012, dado los compromisos que tiene adquiridos RTVE, como la emisión de los Juegos Olímpicos, con un coste de más de 70 millones de euros, “presenta un grado de dificultad muy elevedo, quizás incluso insuperable”.

 

En este sentido, el presidente de turno de RTVE ha advertido de que si el Gobierno insiste en aplicar todo el recorte en un sólo año la audiencia de La 1 podría caer a nivelas por debajo de dos dígitos (ahora está en el 14,1%), quedando “relegada” a una tercera o cuarta posición en el ranking de cadenas con más audiencia y con una “potencial pérdida de liderazgo de informativos”.

Mientras, en La 2 de TVE espacios con una larga trayectoria como el concurso ‘Saber y Ganar’ y los grandes documentales “podrían peligrar”, y la audiencia de la cadena caer por debajo del 2 por ciento (Ahora está en el 2,5%). También peligraría la existencia de Clan y Teledeporte, ya que tendría que renunciar a “la mayoría de sus derechos”, por lo que “seguramente su existencia carecería de sentido”, con una caída de audiencia, en el segundo cado, de 1% actual al 0,5%. En conjunto, RTVE caería del 21 por ciento de audiencia a entre el 11 y el 13 por ciento.

Además, al margen del impacto que el recorte pueda tener en la corporación, Silva se ha referido al “efecto mariposa” que producirá en otros sectores. Así, ha subrayado que el efecto “directo” que puede tener en el cine, en algunos deportes como el fútbol o el balanconesto, debido a las “dificultades” para renovar los derechos que TVE tiene en la actualidad y en otros deportes “minoritarios y que ninguna televisión tiene interés”.

“Somos conscientes de la situación que atraviesa el país y de la necesidad de austeridad”, ha insistido Silva en respuesta al diputado del PSOE Féliz Lavilla, pero ha subrayado que “con tiempo” el recorte “se podrían afrontar de otra manera”.

Efecto “dramático”

En este sentido, ha explicado que de los 1.200 millones de presupuesto con los que la corporación contaba en 2011, un total de 91 millones fueron para pagar amortizaciones y tributos, 383 millones en gastos de personal, 273 millones en gastos generales y 430 millones en programas. Según ha indicado Silva, el recorte “se tiene que centrar en los gastos en programas”, con un efecto “darmático”.

En este sentido, el diputado del PNV, Pedro Azpiazu, ha señalado que a su grupo le “preocupa que los recortes vayan ligados a la calidad” y ha apuntado que ”no es lo mismo un servicio público con público, que un servicio público, sin público”, en referencia a la disminución de audiencia de la TVE.

En el mes que ha transcurrido desde que se anunció el recorte de 204 millones de euros, el Consejo de Administración ha logrado ahorrar alrededor de 40 millones de euros, aprobando distintos paquetes de ahorro, como la reducción de gastos generales, la renuncia de coches oficiales, una reducción del 10% de la estructura directiva o la disminución del sueldo de directivos y presentadores, según ha señalado Silva.

Sueldos dentro de RTVE

El presidente de RTVE ha sido también preguntado en varias ocasiones a lo largo de su intervención sobre los salarios de los directivos y presentadores de RTVE. Así, la diputada del PP Susana Camarero ha reprochado a Silva que según la última auditoría realizada a la corporación hay “sueldos muy altos en comparación con otras cadenas privadas”. “Da la impresión de que en medio de la provisionalidad, interidenidad, las medidas de ahorro no han trascendido claramente a la opinión pública”, se ha quejado.

Silva ha recordado a la diputada ‘popular’ que las retribuciones del consejo las “fija el Ministerio de Economía”, por lo que los consejeros ni se la pueden “subir ni bajar”. No obstante, ha precisado que en 2009 el consejo solicitó que se “cogelase las retribuciones”; en 2010, los consejeros vieron reducida sus retribución un 10 por ciento; y la subida del IRPF de este año ha supuesto una bajada de 7 puntos en las retribuciones.

En cuanto al resto de directivos de RTVE, 108 en total, en mayo de 2010 se les rebajó el sueldo un 5 por ciento y a los que tenían salarios más altos un 10 por ciento. En cuanto a los presentadores, Silva ha asegurado que se les ha bajado el sueldo entre un 10 y 15 por ciento, con un ahorro de 84.000 euros, y a los de fuera de la casa, se ha renegociado su contrato, con bajadas de entre el 15 y el 25 por ciento. En este sentido, Silva ha subrayado que la “retribución actual” de los presentadores de la casa es “notablemente inferior” al que se da en otras televisiones.

Por otro lado, Silva se ha referido al impulso dado a la producción propia para tratar de ahorrar dinero. En 2011, TVE emitió, contando a La 1 y La 2, 13.422 horas de producción interna, un 62,12 por ciento de su programación, frente a 8.185 horas de producción externa, un 37,88 por ciento de la programación, según ha informado.