El PP ha colocado a Valencia en el mapa, pero en el mapa de lo que no se debe hacer nunca en una sociedad realmente democrática

El reinado absoluto y absolutista de Rita Barberá agoniza, tal y como comprobamos al ver las airadas reacciones de ciertos personajes del PP, cuando una valiente diputada de Compromís, se atreve a decir en las Cortes Valencianas, lo que todos llevamos años pensando y padeciendo en silencio.

Tampoco es de recibo ni propio de una persona sensata y en sus cabales, la respuesta iracunda y disparatada efectuada por la alcaldesa de Valencia, cuando la joven diputada de Compromís, hace uso de su legítimo deber y obligación al exigir responsabilidades políticas, por el descarado y obsceno saqueo y expolio cometido con el dinero de todos por el Partido Popular… Con estos comportamientos y amenazas aberrantes, demuestra la alcaldesa de Valencia, que el PP quiere seguir negando lo que ya es una evidencia, que ha trascendido allende nuestras fronteras.

Debe saber la alcaldesa de Valencia, que cualquier ciudadano y/o representante, tiene el deber y la obligación de fiscalizar la acción política de sus gestores. Vivimos en el siglo XXI, no en la Edad Media.

La regla básica de todo sistema democrático occidental sano y limpio, es fomentar la transparencia a través de la participación en todos sus ámbitos, algo que lamentablemente falta en las instituciones valencianas y en el resto de las españolas.

Es incuestionable que El PP lleva años “saqueando”, por acción u omisión, las arcas públicas, para favorecer negocios y actividades al margen del interés general, atentando contra nuestra dignidad y el derecho a vivir. La falta de rentabilidad de los grandes eventos y las construcciones faraónicas, demuestra que se han cometido excesos, de manera reiterada y a sabiendas de su ineficacia e inutilidad.

También resulta indecente que la respuesta del PP, ante las protestas legítimas de la sociedad, ante tanto recorte, tanto abuso y tanta evidente corrupción, sea orquestar una campaña de detenciones ilegales contra menores de edad, por no hablar de otras actuaciones, propias de regímenes totalitarios y bananeros del Tercer Mundo.

Lo siento, queridos señores del PP, pero las arbitrarias e innecesarias inversiones y derroches realizados con nuestro dinero… merecen una investigación rigurosa, una auditoria independiente, así como una depuración de responsabilidades, tanto de carácter político como judicial. Debo hacer constar aquí que algunos somos muy escépticos y sabemos bien del servilismo e indolencia que existe en muchos de los organismos que conforman el Poder Judicial.

Nuestra vida, nuestra dignidad, nuestra libertad… corre serio peligro si permitimos que los mismos que han expoliado las arcas públicas, permanezcan ocupando puestos en las instituciones.

Tantos años en la poltrona, ha logrado que muchos de los actuales dirigentes del PP, se crean inmortales. Y nadie es eterno ni mejor que cualquier ser.

La alcaldesa de Valencia, si conoce y se cree las reglas que deben imperar en todo régimen democrático occidental, tiene el deber inexcusable y urgente de aceptar y permitir, que cualquier persona fiscalice y conozca qué se ha hecho con el dinero de todos. Gritar de manera iracunda y tergiversar las acertadas propuestas de Mónica Oltra, únicamente confirma que la Sra. Barberá ha perdido el Norte y otras cosas que me callo, por respeto.

Los ciudadanos valencianos queremos conocer qué ha pasado con nuestro dinero. Y exigimos sancionar penal y políticamente a todos los que han usado la política y la administración como un casino de las Vegas, como un gran burdel… pues es algo imprescindible, bueno y necesario para que todos podamos vivir algún día en una sociedad libre, plural, democrática.

Los comportamientos y acciones totalitarias y “gansteriles”, que estamos observando por parte del Partido Popular en Valencia y resto de España, únicamente nos obliga a toda la gente de bien y decente, a unirnos y a denunciar con firmeza a todos aquellos personajes que forman parte de la red clientelar y corrupta, que han propiciado la ruina y al desprestigio internacional de nuestra tierra, de nuestro país, y que han arruinado nuestras propias vidas y la de todos nuestros seres queridos.

Repito: nuestra vida corre peligro si seguimos dejando en manos de los expoliadores y saqueadores, la toma de decisiones políticas.

Hay muchas formas de estar muertos, aunque respiremos. Y el PP ha logrado matarnos un poco a todos los valencianos de bien, pues nos ha humillado al ofrecer una imagen de nuestra Comunidad como un cortijo, donde todo tipo de disparates se pueden cometer al margen del sentido común y la legalidad.

El PP ha colocado a Valencia en el mapa, pero en el mapa de lo que no se debe hacer nunca en una sociedad realmente democrática y plenamente adulta. Por eso ahora somos el hazmerreír internacional, el ejemplo a no imitar por nadie responsable y sensato.

Fuente: Anna Noticies.

Los lodos del ‘caso Emarsa’ salpican a Barberá .

El juzgado número 15 de Valencia investiga desde hace meses el saqueo de la depuradora de Pinedo, una de las mayores de Europa, que está ubicada en el término municipal de la ciudad de Valencia. A raíz de una denuncia presentada por los socialistas, el juez ha imputado hasta ahora a un total de 28 personas por delitos contra la Hacienda Pública, delito contable y falsedad documental. Entre los imputados figura el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, y otros cargos intermedios del PP de la ciudad de Valencia.

Los responsables de la empresa pública que gestionaba la depuradora, Emarsa -en la que tenía mayoría el Ayuntamiento de Valencia-, gastaron cantidades millonarias en servicios no prestados, regalos de lujo, traductoras rumanas, viajes, joyas y comidas.

La gestión se saldó con un agujero de 17 millones de euros, aunque el saqueo podría elevarse hasta los 40 millones. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha aceptado constituir una comisión de investigación en las Cortes Valencianas para esclarecer las responsabilidades políticas, lo que le ha costado el distanciamiento con la alcaldesa Rita Barberá, que, pese al escándalo del caso Emarsa, no ha tomado medida alguna al respecto.

Y es que, aunque Enrique Crespo era el presidente del consejo de administración de Emarsa, las irregularidades en la depuradora se remontan a una etapa anterior, presidida por los ediles populares Juan Vicente Jurado y Silvestre Senent. El pasado jueves, Juan Carlos Gimeno, exconcejal popular imputado en el caso Emarsa, pidió que se investigue la gestión desde 1991, cuando Barberá se hizo con la alcaldía de Valencia. “Casi tres millones de euros al año se pagaban para mantener estómagos agradecidos del PP”, aseguró Gimeno, quien añadió: “Casi todos los proveedores eran militantes del PP o muy cercanos, y todos los empleados eran militantes”. -

EL PAIS .

Carlos Fabra, ese “político ejemplar” .

En diciembre de 2003, un empresario acusó al entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle “cantidades millonarias” a cambio de favores políticos. El PP se encontraba en pleno apogeo en la Comunidad Valenciana y el todopoderoso Fabra se enfrentaba a una acusación de tráfico de influencias y cohecho.

Los populares copaban las administraciones de Castellón, la Generalitat y el Gobierno central, por lo que Fabra no tenía mucha dificultad en, presuntamente, tratar de agilizar autorizaciones de fabricación de productos sanitarios, intercediendo ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad. Los responsables de estos departamentos, Jesús Posadas, Miguel Arias Cañete y Celia Villalobos, hubieron de dar explicaciones sobre las reuniones que, ellos o sus subordinados, mantuvieron para tratar sobre los productos del amigo de Fabra Vicente Vilar. Y la documentación revela que diputados, subdelegados del Gobierno y distintos cargos públicos hicieron de intermediarios en la operación.

La investigación tomó impulso con la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, lo cual no ha impedido que las pesquisas se prolonguen durante más de ocho años. Tampoco ha evitado que las imputaciones, que en un principio se extendieron entre cargos ministeriales, se redujeran a los matrimonios Fabra y Vilar, que ahora son parejas desechas.

Lo que sí posibilitó la tramitación de este caso es que los inspectores de Hacienda detectaran un incremento patrimonial en el matrimonio Fabra, que ahora habrá de responder además de siete presuntos delitos fiscales por defraudar cerca de 1,2 millones de euros.

Políticamente, Carlos Fabra ha sido arropado por todos en el PP. Desde el actual jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, que lo calificó de “político y persona ejemplar”, hasta el actual presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, que lo mantiene al frente del PP provincial. -

EL PAIS.

El ‘caso Brugal’ pone en jaque al poder alicantino .

El poder alicantino (político, empresarial y financiero) se ha desmoronado en los dos últimos años al conocerse lo que se ocultaba bajo el sumario delcaso Brugal. Al levantarse el secreto que pesaba sobre esas actuaciones ha quedado al descubierto la mayor trama político-empresarial gestada en la provincia de Alicante, amparada en el negocio de la recogida de basura y el urbanismo.

La investigación de la policía, realizada sobre la base de tres años de escuchas, sitúa a la cabeza de la trama al expresidente provincial del PP José Joaquín Ripoll; a la alcaldesa del PP de la capital, Sonia Castedo, y a su antecesor, Luis Díaz Alperi. Junto a los políticos, el promotor Enrique Ortiz, el empresario de la basura Ángel Fenoll y dos exdirectivos de Bancaja y la CAM.

La investigación comenzó en 2007. En julio de 2010, el juez ordenó una operación policial que concluyó con 19 arrestos, entre ellos los de Ripoll, Ortiz y Fenoll. El sumario incluye tres causas principales y una veintena de ramificaciones. Han sido interrogados 56 imputados.

Del conjunto de causas destacan un supuesto soborno por la contrata de la basura de La Vega Baja a Ripoll por parte de Ortiz y Fenoll. La policía sostiene que Ripoll, a quien el juez imputa cinco delitos, logró 1,3 millones sin justificar tras el contrato, y el amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El fiscal acusa a Castedo y Alperi de proporcionar datos secretos a Ortiz a cambio de dádivas (vacaciones, un coche y un viaje a Creta en jet privado). La investigación cifra en 120 millones el pelotazo del promotor.

El caso Brugal ha segado la longeva carrera política de Ripoll, ahoraconfinado en el puerto de Alicante. Y Castedo mira de reojo la evolución del sumario judicial. El PP prepara su relevo ante su posible imputación. -

EL PAIS .

La trama Gürtel se alimentó del PP valenciano .

La trama corrupta de empresas que dirigía Francisco Correa se instaló en el corazón de la Comunidad Valenciana en 2004 tras perder el PP la mayoría absoluta que había logrado José María Aznar.

A través de Orange Market, la firma que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes,Gürtel obtuvo del Gobierno valenciano -que presidía Francisco Camps- hasta 85 contratos en un periodo de seis años, de los que 76 le fueron adjudicados a dedo. Los más cuantiosos fueron obtenidos por montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur y por organizar el seguimiento de la visita del Papa a Valencia en 2006 a través de Canal 9. La trama logró contratos y comisiones millonarias mediante procesos irregulares. Simultáneamente, Orange Market asumió el papel de suministrador único de eventos de la dirección regional del PP y organizó actos para distintas agrupaciones locales.

A raíz de las investigaciones judiciales desarrolladas en la Audiencia Nacional, primero, y en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Madrid y la Comunidad Valenciana, un nutrido y selecto grupo de dirigentes del PP valenciano está inmerso en causas judiciales.

Francisco Camps se enfrenta desde hace semanas a un juicio con jurado, en compañía de quien fue su mano derecha, Ricardo Costa, por recibir regalos de la trama corrupta. A ambos se les imputa un delito de cohecho pasivo impropio. El TSJ de Valencia también instruye la causa por supuesta financiación ilegal del PP valenciano. En ella hay serios indicios de que varias constructoras, que obtenían sustanciosas contratas de la Generalitat, financiaron al PP a través de Orange Market, que también facturó en dinero negro parte de los servicios prestados al partido. En la causa están imputados Costa, el exvicepresidente Vicente Rambla, el vicesecretario de Organización del PP, David Serra, la tesorera, Yolanda García, y la exconsejera Milagrosa Martínez, entre otros. -

ELPAIS.

El aeropuerto de Castellón ‘tapaba’ una recalificación para 40.000 viviendas.

El empeño aeroportuario de Carlos Fabra iba unido a la atracción de 600.000 turistas, doce campos de golf y un nuevo parque temático.

Carlos Fabra quería un aeropuerto en Castellón. Y lo consiguió. Sin aviones, con un coste cercano a los 200 millones de euros (de ellos, unos 70 a cargo del erario público), pero con una estatua que ensalza la personalidad de su inspirador. Empezó la casa por el tejado. En realidad, el aeropuerto era una excusa para poner en marcha otros proyectos. Y muchos le siguieron, le aplaudieron, se unieron al coro de los que defendían el aeropuerto como quien defiende el progreso.

150 millones de euros en la construcción, 30 millones en publicidad, 300.000 euros en la estatua… Y ni un viajero
“Hay quienes dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones”, admitió el inspirador de la obra.

El aeropuerto de Castellón se argumentó como la forma de afianzar la economía de una provincia con escaso desarrollo turístico, disminuida en lo agrícola y centrada en la producción de azulejo. Su justificación: dar facilidad de acceso a los futuros ocupantes de 40.000 viviendas proyectadas (la mitad, en una sola macrourbanización), los 12 campos de golf y un parque temático que, para no ser menos que nadie, se empeñó en impulsar. Ya tiene el aeropuerto, pero no las viviendas, los campos de golf y el parque temático que iban a disfrutar los cientos de miles de turistas previstos para desplazarse a Castellón en avión.

El fin justificaba los medios. Pese a su fobia a volar, Fabra se encumbró como salvador y, contra obstáculos y reticencias, logró arrancar del Gobierno de Aznar la autorización para construir el aeropuerto, y de su amigo Francisco Álvarez-Cascos, la declaración de interés general. Pero ni un euro. Llamó a la puerta de la Generalitat, siempre entreabierta por aquello del apoyo en el seno del PP, y arrebató un compromiso para una concesión: la Administración promovía la infraestructura y un grupo de empresas se encargaba de la construcción y gestión. Eso sí, con el aval económico público y la salvaguarda de cubrir el coste si no se alcanzaban las expectativas de viajeros, cifrados en 600.000.

Aun así, el verdadero motivo se encontraba alrededor, en el cemento. El argumentario del aeropuerto pretendía hacer encajar todas las piezas de adosados, unifamiliares y hoteles, unidos a una docena de campos de golf en una zona en la que se reclamaba “agua para todos”. La nueva infraestructura, alejada de la costa, justificaba la reconversación de 18 millones de metros cuadrados para levantar la mayor macrourbanización del país, un proyecto que iba a multiplicar la población de Cabanes, el término municipal en el que se iba a construir. Al margen de esta macrourbanización, otra docena de proyectos rodeaban, sobre las maquetas, los campos de golf que salpicaban el imaginario de la provincia.

Los proyectos no salieron, las casas no se construyeron y los campos de golf continúan siendo eriales. Pero el aeropuerto, pese a paralizaciones judiciales y problemas administrativos, siguió su marcha porque Fabra quería llegar a decir: “Llevo 14 años imaginando cómo sería el día de hoy”. Que fue lo que afirmó el 25 de marzo del año pasado, después de preguntarles a sus nietos: “¿Os gusta el aeropuerto del abuelo?”, el día en que se inauguró una infraestructura que carece de permiso de vuelo y de compromiso de aerolínea alguna para comercializar rutas. “Hay quienes dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones”, admitió el propio Fabra, quien se atrevió a añadir que lo hacía para que “cualquier ciudadano que lo desee pueda visitarlas y caminar por ellas”.

Él no ha puesto, obviamente, ni uno de los 150 millones de euros que ha costado su construcción. Ni son suyos los 30 millones gastados en publicidad. Ni los 300.000 que costará la escultura, de 20 toneladas, inspirada en su persona. Tampoco rendirá cuentas políticamente por estas decisiones porque decidió no presentarse a las elecciones municipales (era presidente de la Diputación de Castellón)antes de que alguien lo echara. De otros asuntos sí tendrá que responder ante la justicia. -

EL PAIS.

El aeropuerto sin aviones de Castellón paga 7.700 euros al mes de luz .

El Consell dice que por la noche solo se enciende lo “estrictamente necesario.

Interior del aeropuerto de Castellón, que gasta 7.700 euros al mes en electricidad. / ÀNGEL SÁNCHEZ

Un día después de que el PP vetara una comisión de investigación en las Cortes Valencianas para aclarar el gasto que supone a las arcas públicas el aeropuerto de Castellón, el Consell ha desvelado que la infraestructura se come al mes 7.700 euros de dinero público en la factura de la luz. Un consumo que viene realizando desde hace casi un año a pesar de que todavía permanece cerrado. Y es que, aunque la diputada popular Marisol Linares argumentara que “estaba todo claro” en cuanto al gasto del aeropuerto, la información sobre lo que cuesta a los valencianos esta obra sigue llegando a cuentagotas.

A finales de diciembre, desde el grupo Compromís de Castellón se criticó la elevada iluminación nocturna del aeródromo que la hacía totalmente visible desde la autovía CV-13. Días después de esta denuncia pública la iluminación era notablemente más baja. Casi tres meses han tardado en obtener la respuesta a este derroche de luz.

Compromís: “Mientras los institutosno podían pagar la calefacción,

el aeropuerto sí tenía iluminación”

La consejera de Turismo, Lola Johnson, ha manifestado en respuesta parlamentaria que, desde las ocho de la tarde, “solo se mantienen encendidas las luces que, según la empresa que se encarga de la seguridad y la vigilancia del recinto, son estrictamente necesarias para asegurar la custodia de los bienes y personas que se encuentran en el aeropuerto”.

Así, apunta que la sociedad pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas) tiene contratada una potencia de entre 1.000 y 1.800 kw. “El consumo de energía eléctrica ha supuesto un coste medio aproximado de 7.700 euros mensuales”, indica Johnson.

Un gasto que se viene realizando desde que el pasado 25 de marzo se inauguraran unas instalaciones que permanecen cerradas desde entonces. En total, en un año se habría gastado 92.400 euros solo en luz.

La Generalitat asume 382.000 euros al año en nóminas de las siete personas que trabajan en la sociedad

Para Compromís, este desembolso se ha realizado “para tener el monumento al despropósito bien visible desde la CV-13”. “Mientras en los institutos este invierno no podían pagar la calefacción por los impagos del Consell, el aeropuerto sí tenía iluminación, una factura más a sumar a este pozo sin fondo que a pesar de estar inoperativo continúa pagando mensualmente salarios, dilapidando millones en publicidad y contratando servicios como el del control de la fauna”, dijo la diputada autonómica, Mònica Oltra.

De hecho, solo los gastos de mantenimiento del aeropuerto de Castellón, como ya publicó EL PAÍS, tienen una factura de unos 300.000 euros mensuales, pese a no estar en funcionamiento. Al año, Aerocas debe hacer frente a un desembolso de cerca de cuatro millones de euros. Un gasto que se destina a sueldos, mantenimiento y costes financieros, entre otros.

Solo en salarios, la Generalitat asume el pago de 382.000 euros al año en las nóminas de las siete personas que trabajan para la sociedad. Entre ellos, su director general, Juan García Salas, que en 2010 cobró 84.000 euros, según las auditorías del Consell. También en gastos financieros hay que asumir 1,2 millones al año.

A ello se suman, además, los contratos de publicidad y patrocinio que la sociedad pública ha ido firmando desde que en 2003 se proyectara el aeropuerto. Desde ese año, Aerocas ha cerrado contratos que ascienden a un total de 30 millones de euros. Alguna de las entidades beneficiarias de estos patrocinios todavía está a la espera de cobrar lo pactado.

En el último consejo de Aerocas, celebrado en febrero, la sociedad cerró tres contratos que supondrán un desembolso de diez millones. Se trata del servicio de gestión de la torre de control que se licitó por 4,25 millones en cinco años. También se adjudicó la contratación de la vigilancia privada por 5,5 millones en cinco años y el de control de fauna, cuyo gasto se prevé en casi 100.000 euros al mes.

La alcaldesa de Valencia, nerviosa, amenaza con llevar al juzgado a Mònica Oltra .

Barberá se revuelve contra Oltra al preguntar por el saqueo de Emarsa

La diputada de Compromís la señala como responsable política del saqueo de Emarsa

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, llama a su abogado desde el escaño para pedirle cómo emprender acciones legales contra Oltra. / CARLES FRANCESC

La diputada y alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha sido la inusual protagonista de la sesión de control de sesión de control al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en las Cortes valencianas. El incidente ha tenido lugar cuando la diputada de Compromís Mònica Oltra ha preguntado a Fabra “¿Qué gestiones piensa hacer para que los responsables políticos,  [Enrique] Crespo [expresidente de Emarsa], Rita] Barberá y secretarios generales del PP, devuelvan el dinero que nos han robado a los valencianos?” en casos como Emarsa, Brugal o Gürtel.  Ante la apelación de la diputada de Compromís, la alcaldesa de Valencia, que no interviene en el pleno desde hace meses, ha pedido la palabra por alusiones para pedir amparo y exigir a Oltra que retirase su nombre de la intervención.

La diputada de Compromís ha insistido en que Barberá “es la responsable política de poner a los sátrapas” que han saqueado Emarsa y se ha negado a retirar las palabras. Barberá, que no ha cesado de tamborilear los dedos sobre la mesa, ya fuera de micrófono, ha avisado a la diputada de Compromís que se disponía a llamar a su abogado para emprender acciones legales, mientras Oltra replicaba que no le tenía miedo.

El enfrentamiento ha continuado en los pasillos al término de la sesión de control, cuando Barberá ha acusado a Compromís de carecer de convicción democrática. “¿Cuánto resentimiento guardan hacia mí porque durante 20 años soy alcaldesa de Valencia y no han podido ganar?”, se ha preguntado Barberá, que ha insistido: “No tengo nada que ver ni con la gestión ni con el control de Emarsa”. La alcaldesa ha dado a entender, en contra de lo que pide la oposición, que no piensa comparecer en la comisión de investigación de las Cortes que ha de investigar el saqueo de la depuradora de Pinedo, que controlaba Emarsa.

Oltra ha replicado con el refranero: “A quién le pica, ajos come. Ella es la responsable política de los nombramientos que se hicieron en Emarsa, y en un país civilizado cuando hay un saqueo los responsables políticos dimiten”. “No tenemos miedo ni a la señora Barberá, ni a su autoritarismo”, ha dicho.

Los socialistas han recordado que Barberá ya interpuso una querella después de que la acusasen de ser la responsable política de Emarsa que finalmente se archivó. El portavoz parlamentario del PSPV, Jorge Alarte, ha exigido sin éxito que el presidente del Consell explicase cómo atenderá a las las 90.000 familias que no tienen recursos y sí derecho a la renta básica de ciudadanía.Alarte ha exigido al Consell que reponga el impuesto de patrimonio para hacer frente a este gasto sin aumentar el déficit.

En su intervención, el presidente de la Generalitat ha vuelto a insistir en que no  habrá recortes en los servicios básicos, como educación y sanidad. Fabra ha acusado a los socialistas de haber impuesto a los valencianos un sistema de financiación infradotado, que ha agravado la situación de crisis. Fabra, que ha hecho una defensa cerrada de las decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy, ha acusado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de haber empobrecido a los valencianos en otros 2.700 millones de euros por haberse desviado en los objetivos del déficit previstos.”¿Cómo pueden hablar de paro, si los socialistas son los reyes del paro? ¿Cómo pueden hablar de recortes sociales, si ustedes redujeron el sueldo de los funcionarios y las pensiones?”

Durante la sesión, la corrupción ha vuelto a ser el principal motivo de debate. La oposición, especialmente la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, también ha cargado contra las irregularidades en los fondos de cooperación de la Generalitat y ha reclamado la dimisión del portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, que era el consejero de Solidaridad y responsable de los dos altos cargos destituidos por Fabra tras la imputación.

En su intervención, Fabra que no ha mencionado ni una sola vez a Blasco y ha señalado que los responsables de las irregularidades en los fondos de cooperación que investiga el juzgado tendrán que asumir todas sus consecuencias.

El consejero de Justicia, Jorge Cabré, en respuesta a la diputada de EU, Marina Albiol, ha recalcado de que antes de que concluyesen los registros en la antigua Consejería de Cooperación el Consell ya había tomado la decisión de destituir a los dos altos cargos implicados. Cabré ha señalado que los más de 177.000 euros recogidos de donaciones para construir un hospital en Haití y que se concedieron a la Fundación Hemisferio, una de las investigadas en el caso de los fondos de cooperación, se han destinado a un proyecto técnico preparatorio de la construcción de un hospital en el citado país. Un proyecto que concluye, según Cabré, el próximo 1 de julio, y del que los responsables tendrán que dar cuenta. “Si no acreditan el gasto, tendrán que devolver el dinero”, ha dicho.

 

EL PAIS.

El caso de las subvenciones alerta a la solidaridad

El Fons Valencià per la Solidaritat reclama que se esclarezca el presunto fraude en las ayudas de cooperación.

El Fons Valencià per la Solidaritat ha reclamado este jueves que se esclarezca el presunto fraude en las ayudas de cooperación de la extinta Conselleria de Solidaridad a distintas fundaciones, que investiga el juzgado de instrucción número 21 de Valencia, y ha exigido que se determinen las responsabilidades que se puedan derivar.

La asociación, en un comunicado, ha hecho pública su “preocupación y rechazo ante los acontecimientos que han dado origen a la intervención judicial en torno a la Dirección General de Integración y Cooperación, y que han culminado en la detención e imputación de directivos y funcionarios, así como de directivos de ONGD, y que de forma indiscriminada perjudican la imagen de todas las entidades que trabajamos en el ámbito de la cooperación y la solidaridad”.

Por ello, el Fons Valencià, como asociación de ayuntamientos para la Cooperación al Desarrollo, y por tanto administraciones públicas, “desde el máximo respeto a la presunción de inocencia”, ha exigido que tanto la intervención judicial como la Generalitat “esclarezcan los hechos que la ocasionan de forma contundente y determinen en su caso, las responsabilidades que se puedan derivar”.

La entidad ha “felicitado” la “contundencia” del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, respecto al cese del director general de Integración y Cooperación, Josep Maria Felip, imputado en la causa, y le ha reclamado que lleve a cabo “las actuaciones necesarias a fin despejar toda sombra de duda sobre la transparencia en la gestión de la Dirección General de Integración y Cooperación y de los fondos públicos de cooperación”.

La asociación ha resaltado que, pese al contexto de crisis actual, “para los municipios socios del Fons Valencià, sigue vigente el compromiso municipal de destinar el 0,7 por ciento del presupuesto municipal a Cooperación al Desarrollo”. “No se entiende el municipalismo del siglo XXI sin una visión global del mundo y sin un compromiso con el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, dirigidos a eliminar la pobreza extrema”, ha resaltado.

En esta línea, ha exigido a la Generalitat que mantenga su compromiso con la Cooperación al Desarrollo, “y apueste de forma decidida por fortalecer la colaboración con las entidades valencianas de cooperación, así como por desarrollar mecanismos dirigidos a garantizar la eficacia de la ayuda y la transparencia en la gestión”.

Al mismo tiempo, ha pedido la “máxima celeridad” en la publicación de resultados de la Evaluación del Plan Director de la Cooperación Valenciana 2008-2011, así como en la elaboración del Plan Director de Cooperación 2012-2016 y se ha sumado a la petición de la Coordinadora Valenciana de ONGD, para que el conseller correspondiente “pueda informar sobre las actuaciones desarrolladas por su departamento” y que se convoque el Consell Valencià de Cooperación, en el que reclama una “mayor participación”.

Fuente: diario critico

El Gobierno valenciano y la Diputación de Castellón se gastan 3,5 millones en el torneo de golf de Carlos Fabra .

El Consell dobla el presupuesto del torneo mientras recorta en Sanidad y Educación

MIGUEL ÁNGEL CAMPOS   21-10-2011

Johan Cruyff, Bernd Schuster, Boris Becker o Rafa Nadal entre otros, han sido los jugadores amateurs invitados en la presente edición.

Hasta el próximo domingo se celebra en el campo de golf La Coma de Borriol (Castellón), que preside Carlos Fabra, la cuarta edición del Castellón Masters. Un torneo de élite, al que acuden como invitadas distintas personalidades y famosos.

Hasta ahora, la Generalitat gastaba cada año 1,7 millones de euros, según las respuestas parlamentarias escritas del Consell a la diputada de Iniciativa Mireia Mollà, mientras que la Diputación ponía 300.000.

Sin embargo, este año, según figura en la cuenta general del Consell Valencià d’Esport, que depende de la consellera Lola Johnson, el gasto previsto es de 3.136.028 euros, mientras que la Diputación aportará 364.000 En total, 3,5 millones de euros en el torneo que se juega en el campo presidido por Carlos Fabra.

La diputada autonómica de Esquerra Unida por Castellón, Marina Albiol, considera escandaloso el gasto. Critica que el Consell casi lo duplique, mientras recorta en “Sanidad, Educación, no paga lo comprometido por la Ley de Dependencia ni a los proveedores”. Marina Albiol solicitará la comparecencia en Les Corts de la consellera de deportes, Lola Johnson, para que explique el asunto.

El Castellón Masters de golf fue aprobado por Francisco Camps desde la presidencia del Gobierno valenciano, para desagraviar a Carlos Fabra, después de que en Valencia organizasen la Fórmula 1 y la Copa del América, y en Alicante la Volvo Ocean Race.

CADENASER.com