Mujer y muerte en México

“¡Ya es mucho el sufrimiento, no podemos con él!”, se lamentó al borde del llanto Martha Rincón, madre de una adolescente mexicana que en 2009 engrosó la lista de mujeres muertas o desaparecidas en Ciudad Juárez.

Rincón y su esposo, José Castillo, buscan sin descanso a su hija, Esmeralda Castillo, desde que desapareció con 14 años, cuando iba a la escuela donde cursaba secundaria. ”No hay nada de investigación. Las autoridades no están haciendo nada. Cuando han entregado a alguien, son sus restos, en Juárez solo buscan muertas”, denunció Rincón.

La familia vive de la venta de hamburguesas en un puesto callejero en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, a 1.840 kilómetros al norte de Ciudad de México. Como las otras muchas familias con hijas desaparecidas, estos padres cargan con una inocultable pena y se mueven detrás de cualquier indicio sobre su paradero.

Rincón y Castillo, miembros del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas, se encuentran en Ciudad de México, siguiendo una pista sobre su hija, después de que en octubre hubo una llamada anónima a un canal de televisión que alertaba de que ella y otras jóvenes iban a ser trasladadas a esta metrópoli para su explotación sexual.

El Comité reúne a familiares de al menos 32 niñas y jóvenes que literalmente se evaporaron en las calles de Ciudad Juárez, una de las urbes más violentas del mundo, con 1,3 millones de habitantes, en un país con una población de 112 millones.

Esos casos integran la memoria de las llamadas “muertas de Juárez”, las asesinadas en esa ciudad desde comienzos de los años 90 y por las cuales el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en 2009. Más de 300 mujeres fueron ultimadas allí entre 1993 y 2003 y la mayoría de los casos permanecen impunes, según la organización humanitaria Amnistía Internacional.

En 2003, la estatal y autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos difundió un informe especial sobre esos asesinatos y expuso los casos de 263 asesinadas y 4.587 desaparecidas desde 1993. Acusó a autoridades del estado de Chihuahua, donde se ubica Ciudad Juárez, y municipales de graves omisiones en la investigación de esos crímenes.

Otro estudio, titulado “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009″ y elaborado por ONU Mujeres, el gobierno y el parlamento, aseguró que en el país se cometieron en ese periodo 34.176 homicidios de mujeres. Ese informe da cuenta de que a partir de 2005, los feminicidios, como se denominan los asesinatos de mujeres por razón de su género, se han agudizado. Organismos oficiales cifran en 400 este tipo de muertes en 2010 y en 342 en 2011.
En Juárez, las organizaciones humanitarias coinciden en que los asesinatos de mujeres subieron en más de 500 por ciento el último trienio. Pero carecen de cifras exactas de cuántas de esas muertes son feminicidios o parte del desbordamiento de la violencia por la acción de las mafias del narcotráfico y la militarizada lucha contra ellas.

La Corte CIDH, el más alto tribunal continental, condenó en noviembre de 2009 al Estado mexicano por el asesinato de las jóvenes Claudia González, Esmeralda Herrera y Laura Ramos, en lo que se conoce como el caso del Campo Algodonero, por el sitio cercano a Ciudad Juárez donde el 6 de noviembre de 2001 fueron encontrados los cadáveres. La sentencia, de carácter inapelable, estipuló 16 disposiciones que el Estado debe acatar, de las cuales ha incumplido en investigar adecuadamente los asesinatos, crear un sitio electrónico con la información personal de las mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas desde 1993 en Juárez y aplicar un protocolo de búsqueda en casos de desaparición.

La muestra del incumplimiento “es que continúan desapareciendo mujeres y niñas y no hay mecanismos para su búsqueda. Desde 1993 hay un patrón sistemático de desaparición e incidencia de redes de trata, pero las autoridades siguen sin investigar”, señaló Karla Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. ”Cuando un Estado no cumple, condena a las mujeres a seguir siendo víctimas”, resaltó a IPS la abogada, que junto a otras organizaciones no gubernamentales, representó legamente a las víctimas del Campo Algodonero.

A pesar de estos sucesos, la legislación del estado de Chihuahua no tipifica el feminicidio. La ciudad, tomada por cientos de soldados y policías, es escenario de cruentos enfrentamientos entre bandas del crimen organizado que se disputan el paso de drogas ilegales hacia el mercado de Estados Unidos.

El asesinato, la desaparición y la agresión sexual son las formas más graves de violencia contra las mujeres mexicanas. ”Ha habido un incremento y no tenemos respuesta de las autoridades. Vamos a tratar que se abra una investigación para buscarlas en todo el país”, planteó Teresa Ulloa, coordinadora regional de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas inglesas).

“Lo que se propicia con la negligencia e indiferencia es el aumento del delito, pues siguen desapareciendo niñas y jóvenes”, añadió. Esa organización incluye en su lista roja a 29 niñas, jóvenes y mujeres desaparecidas en este país latinoamericano en años recientes.

Las activistas y familiares de víctimas dijeron que la mezcla de negligencia e impunidad convierte en México el Día Internacional de la Mujer, ese jueves 8, en una jornada empañada de tristeza. ”No es una fecha de celebración, sino de tragedia. Los asesinatos siguen y las autoridades no investigan”, recalcó la fundadora de la no gubernamental Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade. Desde enero, ella ha sufrido dos atentados contra su vida, después de que en 2011 su hija Lilia García fue asesinada en Juárez. ”Tenemos que seguir en nuestra lucha, escarbando con las uñas. Tenemos fe que vamos a tener noticias de ella”, dijo, esperanzado, el padre de la desaparecida Castillo.


Organizaciones pro derechos de la mujer han tratado en vano de que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, adscrito a la Secretaría de Gobernación (ministerio del interior) declare alertas de violencia de género, a lo cual este se ha negado.

La alerta de género está prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007.

Empero, el Observatorio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ganaron el 27 de febrero un amparo de un juez federal, con lo cual se abre la posibilidad de investigar penalmente los casos de feminicidio en el estado de México, vecino a la capital. Entre enero de 2005 y agosto de 2010 la fiscalía general de ese estado registró 922 mujeres asesinadas, mientras que desde enero de 2011 se han reportado 60 desaparecidas.

El gobierno mexicano pretende que la Corte IDH declare cumplida la sentencia del Campo Algodonero, a lo cual las organizaciones de derechos humanos se oponen. A finales de año, el tribunal deberá emitir un informe sobre el estado de apego al fallo. Mientras, en la morgue de Juárez permanecen partes de 50 cadáveres de mujeres no identificadas halladas entre 1993 y 2009.

El involucramiento de grupos narcotraficantes en los asesinatos de mujeres “no es un fenómeno nuevo, pues están relacionados con los feminicidios, con la trata para explotación sexual, para pornografía y para la mendicidad forzada”, según Ulloa.

CONDENA HISTORICA POR CRIMENES DE GUERRA CONTRA LA INFANCIA

Aplauden la condena de la Corte Penal Internacional contra Thomas Lubanga por los crímenes de guerra en los que se reclutaba a niños para su movimiento armado en la República Democrática del Congo (RDC).

Thomas Lubanga

Thomas Lubanga

Como resultado de la decisión histórica de hoy, Lubanga es el primer jefe militar que se enfrenta a la justicia internacional por la utilización de niños como armas de guerra. ”Esta es una victoria fundamental para la protección de los niños en los conflictos”, dijo AnthonyLake, Director Ejecutivo de UNICEF. ”La condena de Thomas Lubanga por parte de la Corte Penal Internacional envía un mensaje claro a todos los grupos armados que esclavizan y maltratan a los niños: la impunidad no será tolerada.”

Thomas Lubanga Dyilo, ex presidente de las Unión de Patriotas Congoleños, fue declarado culpable de reclutar y alistar a niños menores de 15 años y utilizarlos como participantes activos en el conflicto de la República Democrática del Congo en 2002 y 2003. Miles de niños, algunos de tan solo siete años, fueron reclutados y utilizados como combatientes, así como porteadores, cocineros y esclavos sexuales, por parte de todos los bandos en conflicto.

UNICEF incide en que el reclutamiento y la utilización de niños en conflictos es un crimen de guerra. A menudo son los niños más vulnerables los que sufren explotación -los huérfanos, y niños que han sido separados de sus familias y comunidades a causa de la violencia-. UNICEF ha pedido en repetidas ocasiones el enjuiciamiento de quienes cometeneste delito.

“La explotación de niños por parte de grupos armados va más allá de violar sus derechos,les roba su infancia”, dijo Lake. ”A UNICEF le alienta que el Fiscal de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, haya hecho hincapié en la situación de los niños reclutados y utilizados por fuerzas o grupos armados en su enjuiciamiento exitoso”.

Decenas de miles de niños siguen siendo víctimas de estas graves violaciones en al menos 15 conflictos armados en todo el mundo. UNICEF mantendrá sus esfuerzos en el trabajo para rescatar a estos niños y rehabilitarlos.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia viene trabajando intensamente en varios países, entre ellos la República Democrática del Congo, para ayudar a los niños atrapados en conflictos a través de programas de educación y capacitación técnica en las comunidades, y especialmente apoyando a mujeres y niñas. Desde 2005, al menos 35.000 niños han sido liberados o escaparon de las fuerzas armadas o grupos armados en la RDC y han recibido el apoyo de UNICEF y sus aliados para lograr reintegrarse en sus comunidades y familias.
Fuente: Periodismo humano.

“Nadie esperaba que fueran deportados a Congo, donde sus vidas están en peligro”

Cincuenta y cuatro hombres y mujeres han sido deportados a República Democrática del Congo después de su traslado desde Melilla a dos CIE de la Península

Se esperaba que pudieran salir en libertad al no poder ser deportados por falta de convenio migratorio con su país

Según cuentan quienes han podido hablar con ellos, cinco fueron golpeados fuertemente cuando se resistieron a subirse al avión y todos han sido trasladados a la prisión de Kinshasa, una de las más violentas de África

Mustapha, uno de los deportados, durante la concentración ante la delegación del Gobierno en Melilla (José Palazón)

Mustapha, uno de los deportados, durante la concentración ante la delegación del Gobierno en Melilla (José Palazón)

“Es la violación de derechos humanos más grave que ha pasado desde lo que siguió a los saltos de la valla en 2005. Las expulsiones de inmigrantes son habituales, aunque no tanto como dicen las cifras porque la mayoría de las personas salen de los CIE con una orden de expulsión para que ellos la ejecuten voluntariamente y la mayoría se quedan. Pero lo que no esperaba nadie es que estos hombres y mujeres fueran deportados a la República Democrática del Congo (RDC), donde sus vidas están en peligro”.

José Palazón, fundador de la ONG Proderechos de la Infancia (PRODEIN) es la fuente más informada de los temas de inmigración en Melilla. Estudió empresariales, hubo un tiempo en que era profesor y ahora tiene una academia, pero en realidad su vida, esfuerzos y desvelos están destinados a ayudar a las víctimas de las fronteras, los inmigrantes. Sabe sus nombres, dónde vive cada uno y utiliza todos los medios a su alcance para denunciar las ilegalidades y los abusos cometidos contra estas personas: vídeo, redes sociales, blog y una red de contacto que puentea esta ciudad fronteriza amurallada y vallada con la Península Ibérica.

Por eso, que la voz ronca y hoy cansada de Palazón rememoré cuando varios inmigrantes fueron asesinados cuando intentaban cruzar la valla de Melilla para entrar en España y muchos otros entregados por la Guardia Civil a la Policía de Marruecos, gobierno que deportó a miles de seres humanos al desierto para que murieran de hambre y sed… Que compare una de las materializaciones más graves de lo que llamamos ‘externalización de las fronteras‘, es decir, pagar a países colindantes por sellar las fronteras a las personas procedentes de países pobres, alerta sobre la gravedad de la decisión que la madrugada del viernes tomó el gobierno español.

El 23 de febrero entre 54 hombres y mujeres procedentes de la República Democrática del Congo eran trasladados por fin a España desde Melilla, una prisión en sí misma para las personas que han hipotecado toda su vida para llegar a Europa. Muchos de ellos llevaban hasta tres años esperándolo y tras manifestaciones, huelgas de hambre y una concentración ante la Delegación del gobierno que duró un mes y medio y en la que aguantaron el frío, la lluvia y la soledad, eran trasladados a Centros de Internamiento de Extranjero (CIE) en la Península para, según los organismos oficiales, pasar allí un tiempo reglamentario hasta ser puestos en libertad en España y, en ningún caso deportados a RDC puesto que no hay acuerdos de repatriación con este país.

Sin embargo, la noche del viernes los congoleños recluidos en los CIE de Algeciras y de Aluche, en Madrid, fueron trasladados por sorpresa al aeropuerto de Barajas para ser deportados a un país donde los ciudadanos se enfrentan a una cruenta represión en cuanto son sospechosos de ser críticos con el presidente Joseph Kabila. Según cuentan la mayoría de los 32 de compatriotas que se quedaron en Melilla a la espera de ser trasladados en breve a España, los deportados les llamaron y les contaron que algunos de ellos fueron golpeados hasta terminar ensangrentados cuando se resistieron a montarse en el avión al darse cuenta de que iban a ser enviados a su país. También les contaron que viajaron esposados y que así siguieron una vez llegados a Kinshasa.
El periodista del diario melillense El Telegrama, Blasco de Avellaneda, que había seguido de cerca la situación de esta comunidad cuenta cómo se enteró de la noticia en su crónica, que recomendamos leer:

“A las ocho de la mañana de ayer sábado sonaba el teléfono, era Giseliz Sukami, una de las congoleñas que el pasado 23 de febrero partía junto con 43 compañeros hacia la Península. Jamás había escuchado un llanto tan desesperado como el suyo, ¿qué pasa? le pregunté. Apenas podía entender nada entre tanto bramido y sollozo, sólo logré escuchar un grito claro que exclamó: “Congo, nos han traído para morir en el Congo”.

Según cuentan los congoleños que esperan en Melilla, aterrados convencidos de que les espera el mismo destino, sus compatriotas fueron trasladados a una de las prisiones más aterradoras del continente africano, el Centro Penitenciario y de Reeducación de Kinshasa (CPRK), conocido como cárcel “Kin Mazière” de Gombe y donde según han denunciado numerosos organismos internacionales malviven hacinados y torturados los considerados opositores del régimen.

La decisión ha pillado por sorpresa incluso a los más duchos en las violaciones cometidas contra los derechos más básicos como Palazón. “Hasta el año pasado ningún país europeo había deportado inmigrantes a RDC, cuando lo hizo Chipre. Y hace unas semanas, por primera vez un país centroeuropeo, Bélgica, tras un intento cancelado por la fuerte oposición mostrada por parte de la sociedad civil. Parece que hay una especie de reconocimiento de la Unión Europea al gobierno de Kabila después de los polémicos resultados elecciones presidenciales. No pensábamos que fuera posible que les deportarán a un lugar donde saben que van a ser trasladados a una cárcel. Los congoleños dicen que de ahí no se sale vivo y que si sale, mejor no haber sobrevivido por las torturas y demás. Esto es lo mismo que cuando se les daba a los marroquíes cinco euros por negro detenido con una tunda de palos. Sólo que ahora es a 5000 kilómetros de distancia”.

Entre los deportados había varios solicitantes de asilo por persecución política en su país a los que les fue denegado y varias personas con enfermedades graves. De todas las personas congoleñas trasladadas desde Melilla, sólo dos mujeres embarazadas permanecen en Madrid. Y todo ello, aprovechando que era fin de semana, sin que haya habido ninguna comunicación oficial por parte de la Delegación del Gobierno, la Dirección General de la Policía así como la Embajada de España en la R.D. Del Congo, las mismas instituciones que habían trasladado en varias ocasiones a las organizaciones que trabajan con el colectivo de inmigrantes que no existía un convenio de repatriación con la R.D.C. por lo que era imposible su expulsión.
Los 32 que quedan en Melilla según Palazón están en estado de shock. “Es la primera vez en mi vida que veo a personas tan perdidas, tan paralizadas”. Y añade en el comunicado de PRODEIN que “España vuelve a tener una responsabilidad directa en las muertes, torturas y malos tratos que se produzcan en este colectivo.España y la UE deben de tener una sola vara de medir a la hora de defender los Derechos Humanos y combatir a los dictadores de África. Kabila no es distinto a Gadafi por muchos intereses económicos que se compartan con el dictador Kabila”.

Fuente: Periodismo Humano.

Grandes, muy grandes los Iaioflautas!!!

Ayer tuvimos el placer de conocer a los Ioaioflautas en el auditorio de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Participaron a la presentación de la Iniciativa Popular Penal (IPP) para llevar a Artur Mas y Boi Ruiz ante los tribunales por los graves perjuicios que están produciendo las drásticas medidas de restricción, la corrupción y el previsible proyecto de privatización de la sanidad pública catalana. Los Iaioflautas son personas mayores que hace tiempo lucharon para conseguir una vida mejor para sus hijos y ahora luchan para defender el futuro de sus nietos. Han entendido perfectamente lo que está pasando y no se resignan esperando sentados que los demás resuelvan los graves problemas de este país.
Admirables y grandes, muy grandes los Iaioflautas!!!

 

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Cataluña reacciona ante la corrupción y la privatización de la Sanidad pública

Recientemente la revista CafeAmbLlet denunció el expolio que están haciendo dirigentes de la Sanidad pública en Cataluña. Después de tres años de investigación, unos periodistas de esta revista explican en dos vídeos, cómo funciona la trama que permite que, en toda Cataluña, políticos y empresarios afines al poder gasten centenares de millones de euros sin ningún control efectivo: Vídeos: Haciéndose rico a costa de la sanidad pública

Ante la corrupción, el perjuicio de los brutales recortes para los usuarios y la privatización de la sanidad pública catalana, unas personas y organizaciones presentes en muchas de las luchas ciudadanas y cívicas en defensa de la sanidad y la salud pública, se han unido para emprender una Iniciativa Penal Popular (IPP) con el objetivo de llevar ante los tribunales a los responsables, entre ellos, Artur Mas (Presidente de la Generalidad de Cataluña) y Boi Ruiz (Consejero de Salud).

Argumentan y defienden los siguientes puntos:

1. – ¡Se quieren hacer ricos a costa de nuestra salud! Ponen el negocio por encima de la salud y la sanidad pública.

2. – Con tantas regresiones sociales nos harán perder la salud. Lo que llaman recortes son agresiones a los derechos de la ciudadanía en todos los ámbitos de la vida.

3. – Hay responsables políticos y empresariales, con nombres y apellidos, que deben dar la cara ante la ciudadanía y ante los Tribunales.

4. – Es necesario y es legítimo que la inmensa mayoría nos defendamos. Las personas más frágiles y debilitadas son quienes reciben las peores consecuencias.

5. – No son recortes. Son violaciones de los derechos humanos y sociales, y crímenes contra la humanidad. Son conscientes de que con sus decisiones están creando sufrimiento y enfermedad.

6. – Atacan la sanidad, atacan las condiciones de vida, atacan a las personas, atacan la sociedad y el país. Y lo hacen con conocimiento e impunidad.

7. – Fuera corruptos y malhechores de nuestra sanidad pública. Hay que desmantelar sus negocios sucios y sus tramas.

8. – Con nuestra salud no se juega. ¡Ni un paso atrás! ¡Sanidad pública, universal equitativa, integral y de calidad, sin ningún nuevo co / Re / pago ni ticket moderador …! Es una conquista social histórica a la que nunca renunciaremos.

9. – El Govern agrede nuestros derechos, incumple las leyes y vulnera la dignidad humana.

10. – Queremos que la justicia se pronuncie también ante la gravedad de estos hechos.

Ante la violación reiterada del Derecho y de nuestros derechos hemos decidido acudir a los tribunales de justicia, y emprender acciones legales contra los responsables de los recortes en Sanidad. La Iniciativa Penal Popular se presentará este sábado 10 de marzo de 2012 a las 10’30 de la mañana en el Auditorio de la Universidad Pompeu Fabra de la Ciutadella (C /. Trias Fargas, 25-27). Es necesaria la máxima presencia en este acto público: no hay que dejar que los responsables de los recortes sanitarias puedan pensar que la ciudadanía acepta o que no hará nada ante el desmantelamiento de la Sanidad Pública.

¡EN DEFENSA DE LA SALUD Y LA SANIDAD PÚBLICAS!

Barcelona, 10 de marzo de 2012 a las 10’30 de la mañana en el Auditorio de la UPF Ciutadella (C /. Trias Fargas, 25-27) Metro L4 Estación Ciudadela – Autobuses 14 y 41

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EEUU encarceló años en Guantánamo a cientos de detenidos sin vínculos terroristas

PÚBLICO.ES Madrid 25/04/2011 04:20 Actualizado: 25/04/2011 11:08
Wikileaks ha vuelto a revelar documentos secretos del Pentágono que dejan al descubierto los abusos cometidos por el gobierno de Estados Unidos en la cárcel de Guantánamo, así como la arbitrariedad de las detenciones. EEUU no creyó en la culpabilidad de alrededor del 60% de sus prisioneros

La organización Wikileaks ha dejado al descubierto los abusos cometidos por el gobierno de Estados Unidos en la cárcel de Guantánamo, así como la arbitrariedad en las detenciones y encarcelaciones sin pruebas.

Los documentos secretos del Pentágono aparecidos en varios medios internacionales, vuelven a comprometer seriamente al gobierno estadounidense.

La nueva filtración masiva -la cuarta mayor tras la de los papeles del Departamento de Estado de EEUU y las de las guerras de Irak y Afganistán- abarca el periodo desde 2002 a 2009. Es decir, casi todo el periodo de la administración de George W. Bush.

Los documentos son fichas de evaluaciones de los mandos militares de 759 de los 779 presos que han llegado a estar encerrados en la cárcel.

Los documentos muestran que el gobierno de EEUU mantuvo encerrados en la cárcel durante años a cientos de presos que no representaban peligro para Estados Unidos o sus aliados y que no tenían vinculación terrorista o con Al-Qaeda.

Tres niveles
Estas evaluaciones de peligrosidad de los presos eran hechas por los mandos militares de EEUU en función de tres únicos e increíblemente simples niveles establecidos. El nivel alto implica que el detenido “probablemente” supone “una amenaza para EEUU, sus intereses y aliados”. El nivel medio implica que “quizás” lo suponga. Mientras, el nivel bajo implica que es “improbable” que sea un riesgo para el país.

Sólo de 274 presos se dijo que “quizás podrían entrañar un peligro”
La finalidad de estas evaluaciones es la de recomendar si se libera al preso, si es trasladado o si continúa en Guantánamo. Según estas evaluaciones, sólo de 274 presos se dijo que “quizás podrían entrañar un peligro”, por lo que EEUU no creía en la culpabilidad de alrededor del 60% de sus prisioneros.

Los documentos muestran la arbitrariedad de Estados Unidos para encarcelar a esas decenas de presos, sin pruebas objetivas, ni juicios, ni garantías y con severos interrogatorios de por medio. Muchas veces, ni las autoridades estadounidenses sabían el motivo por el que los encerraban en Guantánamo.

EEUU afirmó que 83 presos no suponían ningún riesgo para la seguridad de la nación, mientras que de otros 77 dijeron que era “improbable” que fueran una amenaza para el país o sus aliados. Según las evaluaciones de las autoridades de EEUU, el 20% de los presos fue conducido a la cárcel de forma arbitraria. Se encarcelaba a los presos fundamentalmente para “explotarlos”, según su propia terminología; por si sabían algo que pudiera ser útil.

De hecho, varios detenidos estuvieron encerrados hasta ocho o nueve años en la cárcel estadounidense sin que las autoridades de EEUU tuvieran prueba alguna contra ellos.

Sin noticias de las torturas
Lo que no revela los documentos es nada acerca de las torturas en el penal cubano, ni cómo se obtuvieron las supuestas informaciones o declaraciones.

EEUU encerró sin pruebas durante años a un pastor afgano sin vínculos terroristas
Algunas de las historias que las propias autoridades estadounidenses relatan en sus evaluaciones sobre los presos son impactantes.

Una de ellas es la del ‘prisionero 1051′, capturado en mayo de 2003 en Afganistán cerca de un lugar donde se produjo una explosión.

El hombre negó cualquier participación con este acto o vínculo terrorista alguno. Los analistas de EEUU se mostraron de acuerdo con su historia debido a su conocimiento del pastoreo de animales y su ignorancia sobre “simples conceptos políticos y militares”. Pese a esto, un tribunal militar no se mostró tan de acuerdo y lo declaró “combatiente enemigo”. El pastor afgano no llegó a salir de prisión hasta 2006.

Otro extraño caso es el de un anciano afgano de 89 años con demencia senil, artritis y depresión que pasó por el penal porque encontraron un teléfono por satélite sospechoso en su casa que no sabía ni usar. Finalmente también fue liberado.

Caos
Pero también existe la otra cara de la moneda. El gobierno de EEUU liberó del penal a algunos presos que después sí resultaron ser terroristas o tener vínculos terroristas.

EEUU liberó del penal a algunos presos que después si resultaron ser terroristas
Es el caso de Said Mohammed Alam Shah, un joven afgano de 24 años que contó a los mandos de EEUU una historia que esta vez sí se creyeron y le liberaron.

Pero cuando volvió a Afganistán reveló que en realidad se llamaba Abdullah Mehsud, y que era un militante paquistaní. Comenzó a grabar vídeos llamando a la yihad, lideró una fuerza talibán contra las tropas de EEUU y planeó y ordenó atentados que causaron decenas de muertos.

La vida en el penal
Los documentos también muestran una nueva visión sobre el penal y sobre los 172 presos que aún están recluídos en Guantánamo.

El Gobierno de Estados Unidos y el Pentágono han condenado esta nueva filtración
Cómo delatan unos presos a otros, como actúan algunos presos contra otros o contra los guardias.
E incluso relatan episodios e incidentes como el “inapropiado uso de fluidos corporales”. También se puede leer las amenazas de algunos presos a los guardias y autoridades. Tales como un preso que amenazó a un guarda con “matarlo y beberse su sangre para comer”.

La revelación de estos nuevos documentos sobre Guantánamo supone un nuevo palo en la rueda de Obama, que prometió cuando fue elegido cerrar el penal cubano y que no ha podido cumplir su promesa. De hecho, hace unas semanas, el presidente de EEUU admitió que no podía cerrar la cárcel y que restablecería los juicios militares.

El Gobierno de Estados Unidos y el Pentágono han condenado esta nueva filtración. “Es desafortunado que varias organizaciones hayan tomado la decisión de publicar numerosos documentos obtenidos de forma ilegal por WikiLeaks relacionados con el centro de detención de Guantánamo”, señala el comunicado.

Survival revela espeluznantes abusos de derechos humanos en Etiopía .

Survival revela espeluznantes abusos de derechos humanos en Etiopía.

 22 febrero

Dos karos junto al río Omo en Etiopía. El río es vital para su modo de vida
Dos karos junto al río Omo en Etiopía. El río es vital para su modo de vida

Survival International ha revelado nuevas y espeluznantes pruebas de violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas del valle del Omo, en Etiopía, mientras se intensifican los esfuerzos del Gobierno por desarrollar las lucrativas plantaciones de caña de azúcar en la región.

Las excavadoras están despejando terrenos cerca de un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y están destruyendo comunidades y obligando a las poblaciones locales a abandonar su modo de vida pastoralista.

El miedo va en aumento a medida que la violencia se vuelve cotidiana y las informaciones sobre palizas, violaciones y arrestos se extienden entre los indígenas de las cercanías del río Omo.

En enero de este año Survival recibió informaciones de que tres hombres bodis habían sido apaleados hasta la muerte en una cárcel etíope.

El Gobierno también está ordenando a las familias vender su ganado. Un hombre dijo a Survival: “Mi dinero es mi ganado. Mi cuenta bancaria es mi ganado”.

Survival cuenta con fotografías exclusivas de una carretera que está siendo construida por el Gobierno etíope, y que atraviesa territorio tribal, para mejorar el acceso a los lugares que están siendo despejados.

Fotografía exclusiva de una excavadora despejando una carretera a las plantaciones de caña de azúcar.
Fotografía exclusiva de una excavadora despejando una carretera a las plantaciones de caña de azúcar.

Un hombre mursi ha declarado: “El Gobierno está construyendo plantaciones de caña de azúcar en mi territorio. Cuando lo veas, llorarás. Ya no quedan arbustos en el valle del Omo”.

Dos organismos de Naciones Unidas ya han pedido a Etiopía que proporcione pruebas de que se está consultando a los indígenas, y de que los desarrollos actuales no están dañando la herencia cultural y natural de la zona. Sin embargo, Etiopía ha ignorado ambos llamamientos.

Survival también ha recibido inquietantes informaciones que apuntan a que Etiopía ha comenzado los reasentamientos forzosos de indígenas del valle del Omo, una táctica conocida como “aldealización”.

Han dado a las comunidades un año para reasentarse, en un programa similar al que ha sido denunciado por Human Rights Watchen la región de Gambella, al oeste del país.

Un hombre mursi dijo a Survival: “(El Gobierno) llegó, se quedó con nuestras tierras y nos dijo que quiere trasladar a todos los habitantes del valle del Omo a un lugar, como un campamento, para que se queden allí”.

Los bosques y la sabana del valle del Omo (izquierda) están siendo despejados para plantaciones (derecha).
Los bosques y la sabana del valle del Omo (izquierda) están siendo despejados para plantaciones (derecha).

Survival International ha declarado hoy: “El Gobierno etíope es responsable de algunas de las violaciones de derechos humanos más flagrantes y criminalmente violentas que Survival ha visto en años. Espera quedar impune disfrazando de ‘desarrollo’ el robo de las tierras indígenas. El Estado y los inversores privados serán los únicos que se beneficiarán de la venta del valle del Omo, mientras que tribus autosuficientes se enfrentan a su destrucción”.

El campo de refugiados más grande del mundo cumple 20 años de miseria.

    • La única salida para muchos somalíes que huyen del hambre y la guerra civil que azotan el país desde hace décadas mantiene intacta su razón de ser.
    • El campo se ve desbordado dos décadas después ya que cuenta en la actualidad con 463.000 somalíes, cinco veces más de lo previsto.El campo de refugiados más grande del mundo cumple 20 años entre la miseria y el hambreEl campo de refugiados más grande del mundo cumple 20 años entre la miseria y el hambre

 

Todo sigue igual en el campo de refugiados de Dadaab, el más grande del mundo, 20 años después de su creación. La única salida para muchos somalíes que huyen del hambre, la miseria y la guerra civil que azotan el país desde hace décadas mantiene intacta su razón de ser, aunque se enfrenta a nuevos peligros que ponen en riesgo la vida y la supervivencia de miles de personas.

La sequía más cruel en seis décadas en el Cuerno de África ha provocado una hambruna de niveles inéditos y, con ella, un aumento de los flujos de refugiados sofocados hasta la deshidratación y la asfixia: en los últimos seis meses han llegado a Dadaab más de 30.000 refugiados al mes, según el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas(ACNUR). El campo se ha visto desbordado.

Ubicado en la frontera con Kenia, el mayor campamento del mundo cuenta en la actualidad con 463.000 somalíes, cinco veces más de lo previsto hace dos décadas. Las familias se han asentado en Dadaab, sin patria ni hogar, y han formado aquí una auténtica comunidad. Cerca de 10.000 personas forman ya la tercera generación, es decir, aquellos que han nacido en el campo de refugiados de padres que también fueron concebidos en él.

Así y todo, los retos continúan siendo los mismos 20 años después: la superpoblación crónica, el riesgo de enfermedades, las inundaciones estacionales y, un fenómeno creciente, la inseguridad, según apunta ACNUR. Por eso, “no hay nada que celebrar, son 20 años de desplazamiento y de miseria”, explica su portavoz, Andrej Mahecic.

Aunque la situación que se vive a diario es de extrema precariedad, para la mayoría de las familias somalíes es un triunfo frente al hambre y la anarquía. Véase que ocho de cada diez desplazados son mujeres y niños. Además, el número de menores que llegan solos a Dadaab continúa elevándose, por lo que muchas familias adoptan a los pequeños  que se encuentran en el camino.

Según datos de ACNUR, 360 personas mueren al día de los cuales 15 son niños y, entre ellos, 700.000 se encuentran en riesgo de muerte real por el hambre. Más de 15 millones de somalíes sobreviven así a diario con nada que llevarse a la boca. No obstante, el trayecto hasta el campamento no es sino su penúltima penuria.

La violencia se ha apoderado de la frontera donde los señores de la guerra y el grupo terrorista Al Shabab imponen su propia ley e impiden la salida de sus compatriotas. El “desorden duradero” que reina en Somalia no es sólo un signo del abandono y la debilidad institucional. La anarquía se alimenta porque hay quien saca un gran beneficio de ella.

Un hecho que afecta también al trabajo humanitario. Mahecic recuerda queel secuestro de trabajadores humanitarios, el asesinato de policías y líderes de refugiados ha obligado a las agencias de Naciones Unidas a replantearse la manera en que se distribuye la ayuda, aunque la asistencia básica está asegurada: agua, comida y atención sanitaria.

A pesar de todo, en las últimas semanas se ha detectado un movimiento de retorno a Somalia: cerca de 70.000 hombres, según Mahecic, han vuelto a sus lugares de origen para comprobar el estado de la situación.Todavía mantienen la esperanza de regresar. “Debemos entender que el objetivo último de todas estas personas es volver a su casa, y eso es lo que persiguen”.

Ante esta situación, ACNUR espera que la conferencia de Londres sobre Somalia, que comenzará el 23 de febrero, sirva de “catalizador para la paz y la seguridad en el país” y con ella se vislumbre una solución para que, paulatinamente, los miles de refugiados abandonen el campo de Dadaab, dos décadas después.