Toxo: “Si el Gobierno no rectifica, habrá conflicto y no terminará el día 29″ .

Los sindicatos han organizado 60 manifestaciones en España

CC OO y UGT cifran los asistentes a la marcha de Madrid en medio millón

El PP y el Gobierno intentan debilitar a las centrales sindicales .

Méndez y Toxo, en la cabecera de la protesta que recorre Madrid. / ULY MARTÍN

“La huelga del día 29 no es el fin de nada, que sepa el señor Rajoy que la movilización va a continuar alrededor de las alternativas”. Este es el mensaje que el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo,ha querido lanzar al Gobierno al término de la gran manifestación convocada en Madrid por los sindicatos. “Señor Rajoy, tiene el mes de marzo para abrir la mesa de negocio y para presentar unos Presupuestos razonables y los sindicatos estarán ahí”, ha agregado Toxo, quien, junto al secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha advertido que las medidas adoptadas por el Ejecutivo para salir de la crisis no son temporales, sino  “para toda la vida”.

Los dos sindicatos mayoritarios han organizado 60 manifestaciones en España que sirvan para poner en marcha la maquinaria de movilización contra la reforma laboral y de paso medir sus fuerzas para la huelga general del 29 de marzo. Según las estimaciones sindicales, la participación en la marcha ha sido de medio millón de personas. Fuentes policiales lo reducen a entre 25.000 y 35.000 asistentes.

Méndez ha criticado que algunos hablen de la huelga y las manifestaciones como una confrontación entre los sindicatos y el Gobierno, “cuando los sindicatos son el dedo democrático y constitucional que señala los gravísimos problemas que supone la reforma laboral”. “El Gobierno ha hecho un aprovechamiento inmoral de la crisis para acabar con todo”, ha añadido.

Toxo ha advertido al Gobierno de que no confíe en que “el miedo va a atenazar a la gente” porque “la huelga no será de un tono menor”. El líder de CC OO ha criticado que la manifestación haya sido utilizada contra las centrales sindicales por su coincidencia con los homenajes del 11-M, cuando los sindicatos han estado durante siete años junto a las víctimas. También en esta ocasión, antes de acudir a la marcha en Madrid, UGT y CC OO han participado en el homenaje celebrado en Atocha junto a la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo, que dirige Pilar Manjón y que reúne al mayor número de miembros.

El líder de CC OO ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de usar a los parados como un “chantaje” sobre el resto de la sociedad y de convertirlos en “rehenes”. “Hemos decidido no esperar a los Presupuestos para convocar la huelga porque el Gobierno ha tirado por la vida de urgencia”, ha añadido.

La manifestación de Madrid arrancó pasadas las doce de la mañana desde la Plaza de Neptuno, encabezada Toxo y Méndez. La cabecera portaba una pancarta en la que podía leerse No a la reforma laboral inútil e ineficaz, defiende tus derechos y los servicios públicos. Por parte del PSOE han acudido la portavoz del Congreso, Soraya Rodríguez, Diego López Garrido, Juan Moscoso y María González. El PSOE se ha mostrado favorable a la protesta pero no quiere ser presentado como el que la alienta, tal y como pretende el PP.

Los manifestantes, en su mayoría con banderas de los sindicatos, portaban pancartas con mensajes como Sin pan, sin paz o Reforma laboral, violencia legal.

Además, durante la marcha se han escuchado consignas contra la reforma laboral: “Hace falta ya una reforma empresarial” o ‘Huelga general’. Otros carteles en el recorrido acusan al Ejecutivo de  “romper el pacto social” y recuerdan que “es criminal recortar la sanidad”.

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Grandes, muy grandes los Iaioflautas!!!

Ayer tuvimos el placer de conocer a los Ioaioflautas en el auditorio de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Participaron a la presentación de la Iniciativa Popular Penal (IPP) para llevar a Artur Mas y Boi Ruiz ante los tribunales por los graves perjuicios que están produciendo las drásticas medidas de restricción, la corrupción y el previsible proyecto de privatización de la sanidad pública catalana. Los Iaioflautas son personas mayores que hace tiempo lucharon para conseguir una vida mejor para sus hijos y ahora luchan para defender el futuro de sus nietos. Han entendido perfectamente lo que está pasando y no se resignan esperando sentados que los demás resuelvan los graves problemas de este país.
Admirables y grandes, muy grandes los Iaioflautas!!!

 

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¿Hasta cuándo soportaremos que se aprovechen del dinero que es de todos?

Las formaciones políticas disponen cada año de más de 200 millones de euros para sus gastos, en un 70% procedentes de subvenciones públicas que han sobrepasado los 1.000 millones desde 2006 y sobre las que sigue sin existir un control absoluto. El problema está en que el progresivo aumento de los recursos públicos que reciben los partidos cada año no se acompaña de un mayor cumplimiento de las recomendaciones y peticiones que hace el Tribunal de Cuentas. La consecuencia es que hay una gran parte de sus ingresos que en la práctica no se contabilizan ni, por tanto, se someten a control.

Otra de las cuestiones aún por resolver es la relativa a las sanciones que se aplican al partido que incumpla sus obligaciones. Según la ley, si se salta las limitaciones y requisitos en sus fondos será multado con una cantidad del doble de la infracción, que se restará de sus subvenciones del año siguiente y no se le concederán en caso de que no presente sus cuentas o que éstas sean muy deficientes. Lo que pasa es que aquí los contables se topan con sus señorías, que de momento no han actuado acerca de las indicaciones del Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, en 2006 se registraron actuaciones en un par de partidos políticos que podrían haber cometido una irregularidad, sin que nadie haya hecho nada.

¿Hasta cuándo soportaremos que se aprovechen del dinero que es de todos?

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Se prevé una represión brutal: El Gobierno dice que “impedirá que los trabajadores paren por la acción de los piquetes” .

Se prevé una represión brutal: El Gobierno dice que “impedirá que los trabajadores paren por la acción de los piquetes”

por Kaos. Estado español

Sábado, 10 de Marzo de 2012 15:02
Se prevé una represión brutal: El Gobierno dice que "impedirá que los trabajadores paren por la acción de los piquetes"
El Gobierno dice que está totalmente decidido a “impedir que los piquetes impidan a los trabajadores acudir a sus puestos de trabajo el próximo 29 de marzo”, día en que las centrales sindicales han convocado una huelga general. Esto es, impondrán su reforma con sangre, si es necesario. Miedo da.

Agencias/Kaosenlared

La intención es que las fuerzas de seguridad actúen desde primera hora de la madrugada para “evitar” que los piquetes bloqueen los transportes, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que es el mejor termómetro para determinar si la huelga ha tenido éxito o no. Y ya sabemos como se las gastan los esbirros del capital cuando reciben órdenes como estas, que dan vía libre para que puedan dar rienda suelta a sus impulsos psicópatas contra los manifestantes. Ya lo hemos visto muchas veces, y sin ir más lejos en los últimos acontecimientos durante las protestas estudiantiles en Valencia o durante la celebración de las JMJ en Madrid.

Pero la orden no será dada solo para Madrid, también se tratará de impedir la acción de los piquetes en el resto del estado. Para ello, será imprescindible la coordinación entre el Ministerio del Interior y las diferentes delegaciones del Gobierno.

Una coordinación que ha comenzado ya a ser efectiva, tras un primer encuentro mantenido en Moncloa el lunes de esta misma semana con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la presencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y los diferentes delegados del Gobierno. Fue allí donde el plan de represión generalizada comenzó a tomar forma. Al menos, donde quedó claro que la policía tendrá vía libre para actuar con toda la contudencia que crea necesaria, en el momento que crea necesario. Esta reunión, para más inri, tuvo lugar incluso antes de que se hiciese oficial la jornada de Huelga General en el conjunto del estado.

La jornada del 29-M, pues, se prevé sangrienta, a poco que las manifestaciones sean masivas, y la lucha tome el color reivindicativo que todos y todas los y las trabajadores y trabajadoras consecuentes y conscientes esperamos.

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Finlandia lanza ‘su’ reforma laboral: más protección a los trabajadores .


  • FARIS SANHAJI-Vozpópuli
  • 09 marzo 2012
  • Helsinki ha tomado medidas para proteger más a los trabajadores y los desempleados. Continua con el famoso “modelo escandinavo” mientras el sur de Europa liberaliza su mercado laboral
    • Una calle comercial de Helsinki: el poder adquisitivo ha sido una de las grandes preocupaciones de los finlandeses. Foto: Archivo

    ESCANDINAVIA. En Finlandia, el Estado del bienestar sigue siendo una realidad concreta, e incluso más que antes. Cuando España anuncia el abaratamiento del despido, Finlandia toma medidas para proteger mejor a sus trabajadores. Con un crecimiento del 2,9% y el paro al 7,6% en 2011, pero sobre todo, un rating ‘AAA’ de parte de todas las agencias de calificación, Finlandia tiene toda la amplitud para proteger a su población activa de la mejor manera, y existir en Europa como un modelo económico alternativo.

    A pesar de sus buenos datos macroeconómicos, las perspectivas en Finlandia seguían negativas en 2011 por el contexto general de la Unión europea y la fuerte inflación. El Gobierno conservador, presidido por Jyrki Katainen, decidió apostar por su mercado interior sin la menor intención de mejorar la competitividad.

    Proteger los trabajadores y los desempleados

    La primera legislación que ha puesto en marcha se aplica a los trabajadores temporales, que podrán beneficiarse de condiciones mínimas y términos de protección en cualquier trabajo, si no son iguales a las de los empleados de la empresa a la que han sido incorporados. La Ley de contratos de empleo, modificada de común acuerdo por los sindicatos, los empresarios y la administración, incluye medidas de mayor protección sanitaria y de seguridad, con el objetivo de ayudar a los empleados quedarse el tiempo más largo posible como población activa.

    No sólo Finlandia protege a sus trabajadores, sino también a sus desempleados. La pérdida media de poder adquisitivo ha sido del 0,6% en 2011, por lo que las prestaciones básicas por desempleo pasarán de 25,74 euros a 31,36 euros al día, lo que representa un aumento de casi 120 euros al mes. La ayuda a la renta y el subsidio de vivienda también aumentarán, una persona soltera recibirá 461,05 euros al mes como ayuda básica a la renta.

    El secreto: el acuerdo

    En octubre de 2011, los interlocutores sociales también crearon un nuevo acuerdo tripartito, en el que el Gobierno sirvió como consejero. En fin de aceptar el aumento de las cotizaciones para pensiones, los sindicatos obtuvieron la reducción del impuesto sobre la renta del 0,2%.

    Todas las partes se pusieron de acuerdo para elevar los salarios en una media del 0,6% en 2012, luchar contra la inflación y reducir las tasas profesionales para aumentar el poder adquisitivo de los finlandeses.

    Ese mismo poder adquisitivo que preocupó a los medios y la población el año pasado, que sufrieron una inflación media del 3,42% en 2011. Mejorar las condiciones de vida de los parados, los ingresos de los trabajadores y las ayudas para la vivienda son las tres principales soluciones que permitirán ayudar a todos, hasta a los más vulnerables.

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El Banco de España impide al Tribunal de Cuentas realizar un informe específico sobre la deuda de los partidos .

 

Jesús Posada Y El Presidente Del Tribunal De Cuentas,Manuel Núñez En El Congreso

Foto: CONGRESO

El supervisor no ha facilitado información sobre los créditos de las formaciones políticas

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha decidido renunciar a redactar un informe específico sobre la deuda de los partidos ante la falta de colaboración del Banco de España, que no le ha proporcionado la información que había pedido sobre los créditos de las formaciones políticas, según consta en el programa de fiscalizaciones para 2012, al que tuvo acceso Europa Press.

En diciembre de 2005, la Comisión Mixta (Congreso-Senado) encargó al Tribunal de Cuentas un estudio exhaustivo de las donaciones de particulares a los partidos políticos, así como de sus créditos y las negociaciones de condonación con la banca, detallando la relación de entidades financieras que han perdonado deudas a los partidos y una lista de créditos vencidos y no pagados.

En su programa de 2011, el Tribunal de Cuentas incluyó la realización de un informe específico al respecto pero en su agenda para este año informa de que no podrá llevarlo a cabo por la falta de colaboración del Banco de España.

Según explica, parte de esos datos que reclamaban las Cortes ya está en los informes anuales de fiscalización de partido políticos, pero no ha podido avanzar más al no obtener información sobre los  créditos de formaciones políticas existentes en la Central de Información de Riesgos del Banco de España.

UNA LIMITACIÓN RELEVANTE

“A fin de completar los resultados, se solicitó la colaboración del Banco de España en orden a facilitar información sobre los créditos de los partidos políticos, sin que dicha solicitud fuera atendida, lo que ha supuesto una limitación relevante que ha impedido aportar un valor añadido a los resultados ya incluidos en los informes aprobados”, explica.

Además, la entidad fiscalizadora reseña que la actividad financiera de los partidos ha sufrido una nueva regulación con la Ley de 2007 sobre financiación de los partidos, lo que ha supuesto la modificación de algunos requisitos exigidos durante el periodo anterior.

Eso sí, el Tribunal de Cuentas ha garantizado que este año analizará los estados contables de los partidos y de las donaciones percibidas por sus fundaciones entre 2007 y 2011, así como los gastos electorales de las formaciones políticas en los comicios locales y generales del pasado año.

Dentro del Programa de Fiscalizaciones para este año, aprobado por el Tribunal de Cuentas el pasado 26 de enero y que acaba de remitirse a las Cortes, se han incluido otros trabajos como el examen de la contabilidad el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la pasada legislatura, el presidente de este órgano, Manuel Núñez, ya defendió ante el Parlamento su intención de ir fiscalizando todos los órganos constitucionales.

De momento, en el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para 2012 sólo se incluye al órgano de gobierno de los jueces. La iniciativa se recibió “con absoluta normalidad y tranquilidad” por el Consejo del Poder Judicial pese a que éste ha recordado que tiene sus propios órganos de intervención y control de cuentas.

EXAMEN DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Además de las habituales fiscalizaciones que año tras año realiza  a iniciativa de los parlamentos autonómicos y el nacional, el Tribunal de Cuentas también ha resuelto controlar ‘motu proprio’ las contrataciones desarrolladas por las entidades locales con las inversiones realizadas por el Fondo Estatal de Inversión Local, esto es, las dos fases del conocido como ‘Plan E’.

Igualmente, ha vuelto a incluir entre sus actividades la fiscalización sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, un examen que no gustaba al Gobierno socialista, que consideraba suficientes los análisis de cada Cuenta General del Estado.

También será sometido a examen del Tribunal de Cuentas la gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley de Dependencia, de la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en misiones internacionales en los ejercicios 2009 y 2010 o la actuaciones de control y supervisión realizadas en el asunto AFINSA y otras entidades de bienes tangibles por los Ministerio de Economía y Hacienda y de Sanidad y Consumo, entre otros.

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La juez envía a prisión sin fianza al exdirector general de los ERE . La juez Alaya ha valorado la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga .

La Junta, PP, UGT y Manos Límpias se adhirieron a la solicitud de cárcel

Javier Guerrero, a las 2.30, entra en un furgón para ir a prisión.

Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, ha ingresado esta madrugada en prisión sin fianza por orden de la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos. La magistrada comunicó la decisión sobre la 1.40, después de que la fiscalía solicitase esta medida cautelar. La Fiscalía Anticorrupción pidió prisión provisional comunicada sin fianza para Javier Guerrero tras tres días de declaración en los que ha sumado casi 20 horas de testimonio y en los que ha puesto de manifiesto las irregularidades que cometió a lo largo de casi una década (entre 1999 y 2008).

La petición de la fiscalía, a la que se sumaron las acusaciones de la Junta de Andalucía, el PP, UGT y el sindicato ultraderechista Manos Limpias, se basó en la gravedad de los hechos que se le imputan, la influencia que Guerrero pueda ejercer sobre otros implicados en la causa (que acumula medio centenar de imputados) y el riesgo de fuga.

A las 2.21 de la madrugada la Guardia Civil ha escoltado a Guerrero hasta un furgón policial para su traslado a prisión. “Mi cliente no se lo esperaba. Creo que no se dan los requisitos para la prisión. Y me temo que si hay riesgo de destrucción de prueba, ya sabemos donde está [en referencia a la Consejería de Empleo]“.

Como medida cautelar para hacer frente a la responsabilidad civil, la fiscalía pide una multa de 933 millones de euros. De este dinero, 700 se corresponden con el dinero que se gestionó a través del Instituto de Fomento de Andalucía (luego la agencia Idea), el organismo pagador de los ERE y de las ayudas directas a empresas que están en el epicentro de la investigación judicial; un tercio adicional que permite la ley, más otras pólizas individuales.

Su abogado, Fernando de Pablo, pidió a la juez que se expulsase a la Junta como parte acusadora en el proceso. Según su versión, la Junta debe ser responsable civil subsidiario porque Guerrero cometió las actividades que se le imputan cuando era alto cargo de la Administración autonómica.

En los tres días que ha durado su declaración, Guerrero ha tirado por elevación y ha salpicado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El ex alto cargo andaluz, al que la juez acusa de seis delitos (cohecho, malversación y prevaricación, dos de falsedad en documento oficial y otro de falsedad en documento mercantil) ha sostenido que la cúpula del Ejecutivo andaluz conocía el sistema con el que se daban las ayudas y que la juez considera ilegal. El Gobierno de José Antonio Griñán sigue argumentando que el sistema (transferencias de financiación en vez de subvenciones excepcionales, que tienen un control más estricto) es legal.

En cualquier caso, este hecho va a marcar definitivamente la campaña electoral de las elecciones autonómicas del próximo 25 de marzo. El encarcelamiento de Guerrero arrincona aún más a los socialistas, que en el arranque de la campaña habían cogido oxígeno con la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que les daba un ligero repunte que les podría permitir evitar la mayoría absoluta del PP de Javier Arenas.

En su auto, la juez Alaya se ha querido adelantar a cualquier crítica o alusión al oportunismo político sobre su decisión. “Constituye una absoluta falta de respeto y consideración a la función de defensa de la legalidad que ostenta el ministerio público, al que se le ha acusado de razones extraprocesales, cuando son motivos estrictamente jurídicos los que justifican su solicitud”. A continuación, ha añadido: “Del mismo modo, si se hace extensiva esta crítica a esta resolución judicial por acceder a esta medida, supone un absoluto y total desconocimiento de los principios de justicia e independencia que rigen la función jurisdiccional”

Los abogados defensores en la causa pidieron la libertad para Guerrero. Para ello argumentaron la colaboración que ha tenido el ex alto cargo con la justicia, sobre todo en estos tres días de declaraciones; el tiempo transcurrido desde que se cometieron los delitos y que el riesgo de fuga del ex alto cargo (que lleva casi un año imputado en la causa) no era creíble.

La jornada de ayer también maratoniana y el interrogatorio de Guerrero terminó a media tarde, aunque Alaya le avisó de que retomará su comparecencia a medida que la Guardia Civil investigue las empresas una por una. Hasta ahora, han sido analizadas cinco y son más de 300 entre expedientes y ayudas directas.

Ayer, Guerrero volvió a disparar contra la cúpula del Gobierno andaluz e insistió en que esta conocía su manera de ejecutar la política de ayudas por las que repartió 647 millones entre ERE y ayudas directas a empresas a lo largo de una década. “Estas personas sabían y tenían que saber cómo se trabajaba en la Dirección General de Trabajo (…)Según Viera, soy un indeseable. Manuel Chaves dice que no me conoce y la portavoz [Mar Moreno] me pone a caer de un burro cada vez que puede. Me escandaliza porque no entiendo cómo pueden decir durante tres Gobiernos que no sabían cómo se trabajaba en Empleo”, sostuvo Guerrero, según relataron varios abogados presentes.

El ex alto cargo habló en abstracto sobre la política de ayudas que la juez considera ilegal, pero, sobre este punto, no achacó a sus superiores haber conocido las irregularidades en la tramitación de las mismas.

Guerrero, acusado de cohecho, malversación y otros cuatro delitos, atacó a la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, pese a que coincidieron en la Administración andaluza apenas un mes durante 2008. Fuentes del Ejecutivo andaluz aseguraron que Guerrero censuró las críticas continuas de Moreno, pero no la acusó de conocer su sistema de trabajo.

Según el ex alto cargo, la Junta mantiene un doble rasero que le ha perjudicado de manera grave. “Durante todo este tiempo [desde que hace 14 meses comenzara la instrucción], mientras a los imputados de la Junta se les ha otorgado la presunción de inocencia, desde la propia Junta, a mí se me otorgó la presunción de culpabilidad”.

En la declaración ante Alaya confluyeron la agitada vida privada de Guerrero y su política de ayudas plagada de irregularidades, como la póliza de 240.000 euros para su suegra que intentó justificar. En un interrogatorio extenso pero de tono amable en general, Guerrero rechazó que consumiera drogas, tal y como le acusó su exchófer. Este dijo que ambos se gastaron 900.000 euros de dos subvenciones en cocaína y fiestas. Ayer, Guerrero alegó desconocer que detrás de esas subvenciones estuviera su exconductor, y añadió que a él solo le gustan los gin-tonics y el Marlboro. Hubo tiempo para las tensiones, las risas y las mentiras. Y cuando la juez le apretaba, Guerrero otorgaba, asentía, y callaba. En su alegato final, dijo: “Me voy con la conciencia tranquila de haber contado todo lo que he vivido”.

 

EL PAIS.

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Los lodos del ‘caso Emarsa’ salpican a Barberá .

El juzgado número 15 de Valencia investiga desde hace meses el saqueo de la depuradora de Pinedo, una de las mayores de Europa, que está ubicada en el término municipal de la ciudad de Valencia. A raíz de una denuncia presentada por los socialistas, el juez ha imputado hasta ahora a un total de 28 personas por delitos contra la Hacienda Pública, delito contable y falsedad documental. Entre los imputados figura el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, y otros cargos intermedios del PP de la ciudad de Valencia.

Los responsables de la empresa pública que gestionaba la depuradora, Emarsa -en la que tenía mayoría el Ayuntamiento de Valencia-, gastaron cantidades millonarias en servicios no prestados, regalos de lujo, traductoras rumanas, viajes, joyas y comidas.

La gestión se saldó con un agujero de 17 millones de euros, aunque el saqueo podría elevarse hasta los 40 millones. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha aceptado constituir una comisión de investigación en las Cortes Valencianas para esclarecer las responsabilidades políticas, lo que le ha costado el distanciamiento con la alcaldesa Rita Barberá, que, pese al escándalo del caso Emarsa, no ha tomado medida alguna al respecto.

Y es que, aunque Enrique Crespo era el presidente del consejo de administración de Emarsa, las irregularidades en la depuradora se remontan a una etapa anterior, presidida por los ediles populares Juan Vicente Jurado y Silvestre Senent. El pasado jueves, Juan Carlos Gimeno, exconcejal popular imputado en el caso Emarsa, pidió que se investigue la gestión desde 1991, cuando Barberá se hizo con la alcaldía de Valencia. “Casi tres millones de euros al año se pagaban para mantener estómagos agradecidos del PP”, aseguró Gimeno, quien añadió: “Casi todos los proveedores eran militantes del PP o muy cercanos, y todos los empleados eran militantes”. -

EL PAIS .

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Carlos Fabra, ese “político ejemplar” .

En diciembre de 2003, un empresario acusó al entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle “cantidades millonarias” a cambio de favores políticos. El PP se encontraba en pleno apogeo en la Comunidad Valenciana y el todopoderoso Fabra se enfrentaba a una acusación de tráfico de influencias y cohecho.

Los populares copaban las administraciones de Castellón, la Generalitat y el Gobierno central, por lo que Fabra no tenía mucha dificultad en, presuntamente, tratar de agilizar autorizaciones de fabricación de productos sanitarios, intercediendo ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad. Los responsables de estos departamentos, Jesús Posadas, Miguel Arias Cañete y Celia Villalobos, hubieron de dar explicaciones sobre las reuniones que, ellos o sus subordinados, mantuvieron para tratar sobre los productos del amigo de Fabra Vicente Vilar. Y la documentación revela que diputados, subdelegados del Gobierno y distintos cargos públicos hicieron de intermediarios en la operación.

La investigación tomó impulso con la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, lo cual no ha impedido que las pesquisas se prolonguen durante más de ocho años. Tampoco ha evitado que las imputaciones, que en un principio se extendieron entre cargos ministeriales, se redujeran a los matrimonios Fabra y Vilar, que ahora son parejas desechas.

Lo que sí posibilitó la tramitación de este caso es que los inspectores de Hacienda detectaran un incremento patrimonial en el matrimonio Fabra, que ahora habrá de responder además de siete presuntos delitos fiscales por defraudar cerca de 1,2 millones de euros.

Políticamente, Carlos Fabra ha sido arropado por todos en el PP. Desde el actual jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, que lo calificó de “político y persona ejemplar”, hasta el actual presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, que lo mantiene al frente del PP provincial. -

EL PAIS.

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El ‘caso Brugal’ pone en jaque al poder alicantino .

El poder alicantino (político, empresarial y financiero) se ha desmoronado en los dos últimos años al conocerse lo que se ocultaba bajo el sumario delcaso Brugal. Al levantarse el secreto que pesaba sobre esas actuaciones ha quedado al descubierto la mayor trama político-empresarial gestada en la provincia de Alicante, amparada en el negocio de la recogida de basura y el urbanismo.

La investigación de la policía, realizada sobre la base de tres años de escuchas, sitúa a la cabeza de la trama al expresidente provincial del PP José Joaquín Ripoll; a la alcaldesa del PP de la capital, Sonia Castedo, y a su antecesor, Luis Díaz Alperi. Junto a los políticos, el promotor Enrique Ortiz, el empresario de la basura Ángel Fenoll y dos exdirectivos de Bancaja y la CAM.

La investigación comenzó en 2007. En julio de 2010, el juez ordenó una operación policial que concluyó con 19 arrestos, entre ellos los de Ripoll, Ortiz y Fenoll. El sumario incluye tres causas principales y una veintena de ramificaciones. Han sido interrogados 56 imputados.

Del conjunto de causas destacan un supuesto soborno por la contrata de la basura de La Vega Baja a Ripoll por parte de Ortiz y Fenoll. La policía sostiene que Ripoll, a quien el juez imputa cinco delitos, logró 1,3 millones sin justificar tras el contrato, y el amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El fiscal acusa a Castedo y Alperi de proporcionar datos secretos a Ortiz a cambio de dádivas (vacaciones, un coche y un viaje a Creta en jet privado). La investigación cifra en 120 millones el pelotazo del promotor.

El caso Brugal ha segado la longeva carrera política de Ripoll, ahoraconfinado en el puerto de Alicante. Y Castedo mira de reojo la evolución del sumario judicial. El PP prepara su relevo ante su posible imputación. -

EL PAIS .

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